Gobierno del Valle alertó que elecciones regionales estarían en riesgo en el departamento

En el marco de la Cuarta Comisión de Seguimiento Electoral realizada en Cali por la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio Público, la Registraduría Nacional y el organismo de seguridad, las autoridades alertaron que las elecciones regionales estarían en riesgo e hicieron un llamado a evitar las vías de hecho. Asimismo, a la no realización de montajes como parte de la campaña política de cara a los comicios que se llevarán a cabo en octubre de este año.

“Desde esta Comisión de Seguimiento Electoral estamos haciendo la vigilancia correspondiente a aquellos candidatos que utilizan las vías de hecho como bloqueos de vías y ocupaciones irregulares en diferentes entidades u organismos del Estado para ser visibles sus candidaturas, toda vez que se puede estar incurriendo en delitos o contravenciones”, manifestó Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

El funcionario agregó que por eso están compulsando copias y haciendo las indagaciones necesarias a través de las autoridades competentes, como lo es el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría.

En esa línea, Alexander Vega, el registrador nacional del Estado Civil, sostuvo que se indagarán posibles casos de trashumancia en los municipios de Candelaria, El Águila, Riofrío y Palmira, donde la inscripción de cédulas ha aumentado considerablemente en comparación con el 2019.

“No es competencia de la Registraduría, pero al final es el electorado el que castiga eso. En la propaganda y todas las estrategias de campaña siempre se dice: mienta, pero no engañe”, agregó el funcionario frente al caso denunciado en las últimas horas por la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz.

Durante la Comisión de Seguimiento se ratificó el dispositivo de seguridad para el departamento, con énfasis especial en los municipios de Jamundí y Buenaventura, que podrían presentar riesgo de orden público. No obstante, los alcaldes regionales validaron el acompañamiento que brinda el Gobierno del Valle y la fuerza pública.

“Lo importante es que nos den la información a los alcaldes de campañas irregulares que ya hayan iniciado con contaminación de publicidad exterior visual, o con engaños al ciudadano o elector. Que nos informen a las alcaldías o directamente a la Registraduría”, recalcó John Jairo Gómez, alcalde de Tuluá.

En el Valle del Cauca se dispondrán para los comicios de octubre 1124 puestos de votación, de los cuales 503 son rurales y 621 son urbanos. De acuerdo con la Registraduría, esta cifra significa un aumento de 42 puestos nuevos para el departamento.

Cabe recordar que el foro de ‘Avances del Proceso Electoral’, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció que la ciudad de Neiva ha sido recategorizada como “alto nivel de criticidad de atención” en el proceso electoral. Asimismo, se propuso recategorizar siete municipios más del departamento de Huila, pasando de riesgo bajo a moderado, debido a la presencia de nueve grupos criminales.

Durante su intervención, la jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de hacer un seguimiento y una vigilancia exhaustiva en la región, especialmente en Neiva, con el objetivo de garantizar unas elecciones transparentes y libres. Cabello Blanco hizo hincapié en la identificación de riesgos de seguridad política, entre ellos el constreñimiento, los delitos electorales y la violencia contra actores electorales.

Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Íquira, La Plata y Pitalito, son los siete municipios que serán recategorizados.

“En este sentido, estos municipios del departamento del Huila y, en especial, Neiva, merecen especial atención en el desarrollo de las jornadas electorales venideras para, así, garantizar unas elecciones transparentes y libres”, aseguró Cabello.

En su visita territorial a la capital huilense, la procuradora destacó la labor conjunta entre el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para prevenir la trashumancia electoral, es decir, evitar que los ciudadanos se inscriban irregularmente en municipios distintos a los de su residencia.