Gobierno nacional ordenó traslado del comandante de Policía Valle a Tuluá tras la ola de violencia que se registra en el municipio

El municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, vive una oleada violenta desde hace varios meses. Pese a los consejos de seguridad que han adelantado las autoridades en reiteradas oportunidades, los crímenes, amenazas y atentados no cesan.

Uno de los recientes hechos se registró en la calle 34 con carrera 31, donde un reconocido comerciante de carnes fue víctima de los delincuentes, quienes atentaron contra su integridad.

Se conoció que la víctima de este ataque fue identificada como Frank Duque Vanegas y fue atacada a tiros en su negocio. Por ahora, los hechos están siendo investigados por las autoridades para conocer sus causas y determinar si podrían estar relacionados con una extorsión, pues este delito viene afectando a la comunidad del municipio.

Otro hecho violento se presentó a inicios de septiembre, cuando fue detonado un artefacto explosivo en el centro de Tuluá, el cual generó pánico entre los comerciantes y transeúntes en la calle 25 con carrera 23, donde se encuentran ubicados los juzgados penales y tan solo a una cuadra de la Alcaldía del municipio.

“Este reprochable hecho por fortuna no dejó personas lesionadas. Expreso mi solidaridad con los hombres y mujeres que hacen parte de la rama judicial y le pido a las autoridades seguir trabajando unidas como lo vienen haciendo y así dar con los responsables de este hecho”, indicó John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de Tuluá.

Posteriormente, se pronunció el Tribunal Superior de Buga, indicando que, teniendo en cuenta la difícil situación de seguridad que atraviesan los jueces y empleados judiciales en Tuluá, debido a las recientes amenazas provenientes de grupos al margen de la ley, contenidas en panfletos del 28 de agosto y el 13 de septiembre de la presente anualidad, y la explosión en uno de los edificios donde funcionan los Juzgados, se tomó una desesperada determinación.

“Se tomó la decisión por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de permitir el trabajo en casa de los servidores judiciales de dicho municipio, para resguardar su seguridad y vida”, informaron por medio de un comunicado.

El oficio agregó: “dadas las circunstancias narradas, pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales y dificultaría la realización del aludido escrutinio”.

De otro lado, también se vive una grave situación de constreñimiento a la libertad de prensa en Tuluá, cuidad que se encuentra en estado de alarma debido a las amenazas que enfrentan tanto medios de comunicación como periodistas a manos de organizaciones criminales que compiten por el control del territorio.

Como resultado de estas amenazas, varios periodistas han optado por no continuar con sus programas y emisiones, mientras que otros han dejado de informar sobre temas de interés público como la seguridad, el orden público y el proceso electoral.

Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitieron un comunicado conjunto exigiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los periodistas y el derecho a la información de la ciudadanía, especialmente en el contexto de las elecciones regionales.

Durante los últimos tres meses, al menos diez periodistas en Tuluá han sido objeto de presiones y amenazas por parte de bandas criminales.

Mientras que el más reciente hecho violento ocurrió el pasado sábado, 30 de septiembre, cuando se reportó el asesinato de un reconocido parapentista identificado como Jorge Iván González López. El homicidio se habría perpetrado entre la urbanización San Francisco y el sector de Brisas del Valle.

Aunque los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, las primeras versiones apuntan a que el homicidio podría estar relacionado con vinculaciones políticas. Información preliminar da cuenta de que la víctima de 63 años se encontraba sobrevolando la zona y tuvo que aterrizar de emergencia, al parecer, por condiciones del tiempo.

En ese momento, cuando tocaba tierra, sujetos armados llegaron hasta el lugar y le propinaron varios disparos que acabaron con su vida.

“Se presentó un lamentable hecho de violencia en el municipio de Tuluá, cuando un parapentista que se desplazaba alrededor del municipio haciendo trabajos de publicidad, tiene, debido a las condiciones meteorológicas de ese momento, que aterrizar de emergencia y lo hace en un sector conocido como las brisas en el río Tuluá”, explicó el comandante de la Policía del Valle, el coronel Jesús Enrique Quintero Rave.

Añadió que “allí logra exitosamente aterrizar y va a guarnecerse a unas casas contiguas al sector. Posteriormente, es abordado por unos sujetos, quienes le propinan unas heridas con arma de fuego que causan su muerte. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelantó los hechos urgentes y ya nos encontramos coordinando todo el proceso investigativo que permita dar claridad en estos hechos”.

El parapentista estaría contribuyendo a la campaña del candidato a la Alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez, por medio de publicidad. Se conoció que la víctima habría sido contratada para volar un paramotor con mensajes de la campaña.

Trascendió que la organización criminal La Oficina se atribuyó el asesinato amenazando al candidato Vélez.

Por los hechos anteriormente mencionados, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró: “por instrucciones del gobierno nacional y del director de la Policía Nacional, el señor comandante de la Policía Valle traslada hoy su centro de operaciones a la ciudad de Tuluá-Valle”.