Inseguridad en Cali sigue disparada: aumentaron homicidios en los primeros cuatro meses del año

Los índices de homicidios en Cali no dan tregua. En lo corrido de este año se han registrado más asesinatos que en el mismo periodo de 2021. Esto según cifras del Observatorio de Seguridad de la ciudad.

Entre el 1 de enero y el 1 de mayo de este año, en la capital del Valle del Cauca fueron asesinadas 334 personas, de acuerdo con el Observatorio. Es decir, 17 más que en 2021, cuando se reportaron 317 muertes violentas en los cuatro primeros meses.

Y es que solo el pasado domingo, 1 de mayo, nueve personas fueron asesinadas en Cali, según la Policía Metropolitana. Estos homicidios, perpetuados principalmente con arma de fuego, ocurrieron en los barrios Polvorines, Alfonso Bonilla Aragón, San Judas, Alfonso López, Comuneros, Belén, Potrero Grande, Marroquín y Mojica. Las víctimas eran hombres.

“Esta oleada de violencia es por ajustes de cuentas del narcotráfico, manejos de zona, por la venta de sustancias psicoactivas. Por acá entra toda la droga que se produce en la región. Esta ciudad no ha borrado las huellas del narcotráfico, seguimos estando en esa línea. Mientras haya abundancia de sustancias psicoactivas habrá violencia”, le dijo a SEMANA el concejal Juan Martín Bravo sobre los índices disparados de homicidios en Cali.

Bravo descartó que, pese a la importancia de la seguridad y el llamado de alerta por las crecientes cifras en materia de homicidios, este tema vaya a ser objeto de debate en el Concejo de Cali debido a que las sesiones ordinarias concluyeron el pasado 30 de abril. “En este momento fuimos convocados a sesiones extraordinarias, pero solo podemos hablar de lo que fuimos citados y ahí no está ese tema”, resaltó.

En las últimas horas, en medio de esta escalada de violencia, fue asesinado en Cali un trabajador de la Universidad del Valle y activista sindical. Como Mauricio Balanta, de 56 años de edad, fue identificado el hombre que murió tras recibir varios disparos por parte de un joven sicario. El homicidio se registró debajo de un puente vehicular, cuando Balanta iba a bordo de un automóvil de placa IVP343.

Se estableció que la víctima pertenecía al Sintraempuvalle (Sindicato Mixto de Trabajadores y Empleados Públicos de la Universidad del Valle).

El vehículo en el que iba Balanta colisionó con la parte trasera de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) debido a que perdió el control del mismo al resultar herido. Este accidente no dejó otras víctimas ni heridos.

Balanta habría intentado salir del automóvil, pero el sicario le disparo nuevamente. “Estamos consternados por este suceso que nos enluta una vez más”, dijo Edinson Méndez, presidente de Sintraunicol, quien confirmó el liderazgo del trabajador de la Universidad del Valle.

El asesino del miembro de Sintraempuvalle tiene 18 años de edad y fue capturado por las autoridades luego de que escapara corriendo del lugar de los hechos debido a fallas mecánicas en su moto, de placa YIK08D, la cual quedó abandonada en la escena del crimen.

“Al sujeto capturado se le encontró un arma tipo pistola. Tenemos un equipo verificando las razones y circunstancias de este asesinato”, dijo el general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Cali, de la sucursal del cielo a la sucursal de la muerte: ¿por qué?

Desde hace un poco más de 12 meses, Cali se enfrenta a una escalada violenta que ha elevado los principales indicadores de inseguridad. La Sucursal del Cielo vive entre la incertidumbre de la muerte, situación que la ubica como la ciudad más peligrosa de Colombia.

El mismo ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que los homicidios en la capital del Valle están disparados y, con cierta preocupación, alertó de que la ciudad se enfrenta a un reacomodamiento de estructuras criminales que buscan, a sangre y fuego, copar nuevamente terrenos ganados por la fuerza pública.

La preocupación del alto funcionario no es menor: Cali, durante el año 2021, registró 1.217 homicidios; los meses de mayo y junio, cuando la ciudad estaba controlada por los vándalos y cercada por bloqueos, fueron los más violentos del país. Las otras urbes con mayor tasa de asesinatos son Bogotá, con 1.126; Medellín, con 403; y Barranquilla, con 365. La cifra de la capital del Valle es bastante elevada en comparación con las otras metrópolis, y más aún si se coteja con Bogotá, que la triplica en población.

“En el caso de Cali, hay tres factores que propiciaron el alza de homicidios. El primero es que, a partir del vandalismo y los bloqueos, hubo reconfiguración criminal que hizo que algunos grupos armados empezaran a apoyar el microtráfico; y ahí se generó una ola de violencia muy grande, que, inclusive, disparó los niveles de homicidios durante los meses de mayo y junio. Tiempo donde reinó el vandalismo y los bloqueos en la ciudad”, le explicó el ministro Molano a SEMANA.

El alcalde Jorge Iván Ospina achaca el elevado número de homicidios al “estallido social del primer semestre”. El mandatario saca pecho con las cifras de 2020, cuando la ciudad no superó la barrera de los 1.100 asesinatos, pero se le olvida a Ospina que durante ese año hubo una cuarentena de alrededor de cuatro meses.

Otras voces, como la del representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, aseguran que, más que el estallido social, lo que hay en Cali es una incapacidad de la administración distrital para contener la creciente ola de violencia. “Decir que el alza en homicidios es culpa del estallido social es querer limpiarse las manos y saltarse las responsabilidades que tiene Ospina como alcalde. Hoy somos la ciudad más violenta del país, según lo muestran las cifras, y eso es preocupante. La gente ya no se siente segura”, señaló Reyes Kuri.

En su lectura, el congresista vallecaucano denunció que, por ejemplo, no hay un seguimiento de los casos de homicidios en la ciudad y eso, dice, impide que exista un mapeo criminal para desmantelar las estructuras criminales responsables de estos hechos violentos. “El tema de seguridad para el alcalde no ha sido una prioridad”, agregó. Y alegó, además, que de 1.745 cámaras de seguridad existentes en la ciudad, hoy solo están en funcionamiento 510, es decir, cerca del 26 por ciento. El paro nacional –cuando fue vandalizada gran parte de la ciudad–, la desfinanciación de la seguridad y la subejecución del presupuesto habrían causado esta situación.

La también representante a la Cámara por el Valle Catalina Ortiz, que comparte partido político con Ospina, explicó que en Cali hay 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá y Medellín, las otras dos ciudades que integran el escalafón de asesinatos por año, esa misma medida llega a 16 y 15, respectivamente. “Yo vengo diciendo que nos atropelló un estallido social con un alcalde completamente ausente y con una presidencia que vino acá a la medianoche como si fuera un mariachi”, sostuvo la congresista.

Además, lanzó dardos contra la no articulación de fuerzas entre el Gobierno nacional y la administración distrital. “En Cali, la problemática de seguridad no es solamente de homicidios, también está la percepción de inseguridad, que es altísima, y uno no siente, ni de parte del Gobierno nacional, ni de la Alcaldía, ni muchos menos articuladamente como debe ser, que haya una estrategia para atender un problema (...) El alcalde le está fallando a la ciudad, una vez más. Por eso no sorprende que tenga esa popularidad tan baja”, dijo Ortiz.

Es claro que en Cali se ha querido enfrentar la inseguridad como una rueda suelta de egos para determinar quién tiene la solución mágica. Cabe recordar que, en uno de los más recientes episodios de agarrones entre Ospina y el Gobierno nacional, el mandatario local dijo: “Que el ministro (Molano) mande en Bogotá, aquí mandamos los caleños”.

En respuesta a eso, el ministro de Defensa le dijo a SEMANA que su misión es trabajar con todos los alcaldes sin importar el tinte político; sin embargo, “la administración (de Ospina) tiene que comprometerse de lleno con el desmantelamiento de esos sitios que se convirtieron en puntos de anarquía, como el caso de Puerto Rellena, donde vimos lo que pasó el pasado fin de semana (el atentado a los policías del Esmad). Esos puntos se convirtieron en sectores de anarquía donde se generó una gran ola de violencia, inclusive de asesinatos de policías”, dijo el alto funcionario.

En pocas palabras, el ministro le refuta al alcalde su actitud permisiva con los integrantes de la mal llamada primera línea, a quienes, luego del paro, de meses de bloqueos y vandalismo, contrató en programas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura para reparar lo que ellos mismos dañaron. Aún en esos puntos, como el citado Puerto Rellena, hay presencia de jóvenes manifestantes.

Esta no ha sido la única salida en falso de Ospina frente al tema de la seguridad. En Twitter, que es su principal vitrina para casar peleas, arremetió contra varios analistas y periodistas que compartieron las cifras de homicidios de 2021 e hicieron un paralelo con lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores, en los que hubo reducciones significativas en asesinatos.

Sus trinos mordaces van desde comparaciones con periodos como los años 1994 y 1995, cuando la ciudad vivía una guerra de carteles y los asesinatos ascendían a 4.500 por año, hasta ofensas personales. Dichos cotejos estadísticos no vienen al caso, dijo el congresista Christian Garcés, porque en la primera administración –y lo que va de la segunda– la seguridad no ha sido una prioridad para Ospina.

“En 2008, Ospina recibió una ciudad que había cerrado en 2007 con 1.524 asesinatos y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 69,9. Cuatro años después, en 2011, la entregó con 1.849 asesinatos y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 81. En 2020, Ospina recibió una ciudad que había cerrado 2019 con 1.114 homicidios y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 50,2; dos años después, en 2022, la ciudad registra 1.217 y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 54,6″, explicó Garcés.