La Contraloría también investigaría a otros funcionarios del Gobierno Ospina en Cali por presunto detrimento patrimonial

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue puesto contra las cuerdas. En un hecho gravísimo, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.

De igual manera, se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en una presunta red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos en la capital vallecaucana.

En esa línea, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, encontró irregularidades en el convenio interadministrativo, firmado con la Imprenta Departamental Impretics, hallando un presunto detrimento patrimonial por $1.854 millones,

El 9 de diciembre del 2020, minutos antes de la negociación, el alcalde Jorge Iván Ospina se desligó de futuras culpas con el Decreto 4112.010.20.2061, en el que “declara la responsabilidad en cabeza del Secretario de Seguridad y Justicia”, Carlos Alberto Rojas, delegándolo para que firme el convenio con Fernando Céspedes, gerente de la Imprenta Departamental Impretics.

Dicho contrato consideraba la ejecución de más de $5.740 millones en 21 días, que en realidad fueron 14. El objetivo era sumar esfuerzos para el mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de videovigilancia en Cali, el cual es operado por la Policía Metropolitana a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.

Al parecer, Rojas había elegido a dedo a Impretics el 2 de diciembre de ese año para ejecutar el contrato; designando al subsecretario de la Política de Seguridad, Guillermo Londoño, para que hiciera la supervisión del acuerdo entre las partes.

Según el Registro Único de Proponentes, Impretics hace puertas, ventanas, labores de ebanistería, garajes, porcelana sanitaria, grifos, accesorios para cámaras, cerraduras, equipos contra incendios, escobas y trapeadores, alfombras, manteles, toallas, electrodomésticos, instrumentos musicales, puede construir edificios, transportar carga y otras 332 actividades más. Sin embargo, la Imprenta acumula vasta experiencia contratando, pero no ejecutando.

En este caso se vio obligada a subcontratar el mantenimiento de las cámaras con la Unión Temporal Windetec, conformada por las empresas Windom S.A.S. y la firma IGT.

“Hay una mala interpretación del convenio porque no se ejecutan $5.740 millones reparando cámaras. Son más de $1.500 millones en impuestos, la contraprestación de Impretics son más de $430 millones en reparación a otras cámaras que no estaban en el convenio y buena parte de los recursos iban para la adecuación y rediseño del Centro de Monitoreo”, le dijo a El País de Cali uno de los voceros de Windetec.

Le correspondió a Guillermo Londoño revisar en tiempo récord que Impretics, que subcontrató el convenio con la unión temporal, cumpliera con cada una de las 26 obligaciones específicas y 18 obligaciones generales contempladas en el acuerdo.

“Los mismos dan cuenta del análisis técnico y jurídico de las actividades ejecutadas por el contratista. Tiene las evidencias de campo y los reportes del equipo de apoyo a la supervisión que me asistió durante la ejecución de las actividades contractuales”, aseguró Londoño.

A pesar de este escándalo por contratación, el mandatario de los caleños, aseguró que no va a renunciar a su cargo, así como lo han pedido desde diferentes sectores.

“Algunos hacen política de mala calidad, negándole propuestas al territorio por no tener ideas sobre como asumir esos temas; se van a la política de baja calidad, que es pedirle un alcalde que renuncie, circunstancia que, por supuesto, no haré”, sentenció.

Entretanto, la ciudadanía cuestiona cuándo se darán a conocer los resultados finales de las investigaciones, no solo las que involucran a la Alcaldía de Cali, sino también a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Según explicó Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, las investigaciones preliminares tienen un tiempo de seis meses para recolectar las pruebas.

En ese sentido, a partir de la apertura del proceso, según Cárdenas, en dos o tres años se estarán dando decisiones finales.

“El tema de una suspensión es una de las facultades que puede tener el Contralor de la República, él determinará. La Fiscalía podrá adelantar las investigaciones pertinentes”, explicó.

Mientras tanto, el alcalde puede ejercer su derecho a la defensa en el debido proceso dentro de las investigaciones que se están adelantando.

Asimismo, la funcionaria dijo que si se termina esta alcaldía y no se culminan los procesos de investigación, las personas implicadas tendrán antecedentes fiscales y deberán pagar por el detrimento que se establezca en el fallo de responsabilidad fiscal.