“La Fuerza Pública no es garantía de seguridad”: líderes campesinos del Cauca justifican secuestro de militares

En una misiva dirigida al Ejército Nacional de Colombia, batallón José Hilario López, Distrito N.° 20, líderes campesinos del Cauca justificaron el secuestro de más de 20 militares.

“Sabemos que, si bien la Fuerza Pública es la garante del orden público, también le corresponde responder por el derecho a la vida. Este derecho fundamental es constitucionalmente inviolable e irrenunciable; toda entidad pública y sus funcionarios no pueden poner en peligro ninguno de los derechos fundamentales, pues están para salvaguardarlos, en ningún momento para ponerlos en riesgo”, indicaron inicialmente.

De acuerdo con los líderes, “nosotros, de forma respetuosa, nos dirigimos a ustedes para manifestarles que, pese a que la Constitución Política de 1991 les permite establecerse en cualquier parte del territorio, para nuestras familias y comunidades, de este espacio, no representan seguridad”, manifestaron.

Agregaron que –por el contrario– vulneran su derecho a la vida y a la paz que transitoriamente han vivido durante este tiempo.

“La presencia de más actores armados pone en riesgo nuestra tranquilidad, dado que existe en la zona otro actor con el cual pueden presentarse confrontaciones en cualquier momento, lo que sin duda quebranta nuestros derechos fundamentales establecidos en los artículos 11 y el 12 de nuestra Constitución”, aseguraron.

Reiteraron en que como comunidades campesinas, la Fuerza Pública representada en el Ejército no es garantía de seguridad en estos momentos, ya que su presencia cerca de las comunidades, instituciones educativas o en los ejercicios comunitarios de cualquier índole rompe con la tranquilidad que tienen.

“Como comunidades siempre hemos estado solos, de ese modo hemos manejado nuestra existencia. Gracias a esta soledad institucional, nos hemos organizado en diferentes comités, entre ellos de Derechos Humanos, para responder por nuestro bienestar comunitario”, afirmaron.

Señalaron que a diario se movilizan con normalidad en sus territorios para desarrollar sus actividades diarias, pero la llegada de las Fuerzas Militares pone en riesgo toda esa dinámica.

“Reconocemos sus buenas intenciones, pero como comunidad nos hemos organizado para brindar garantías y seguridad a nuestra comunidad, en el sentido que hechos nacionales en materia de orden público recientes nos preocupan y la seguridad comunitaria la brindamos nosotros al interior de la comunidad”, insistieron.

Asimismo, recalcaron que las comunidades se han visto obligadas a apoyarse en los cultivos de uso ilícito por el abandono estatal. “Las comunidades están dispuestas a establecer diálogos concertados, vinculantes en el marco de una política de drogas garante de los Derechos Humanos, el medioambiente y la participación comunitaria”, aseveraron.

Según los líderes campesinos del Cauca, en virtud de su derecho a la vida, la paz y la integridad, desean que los militares abandonen el territorio, no porque los consideren hostiles, sino porque consideran que su presencia representa peligro, lo que podría ocasionar una tragedia, la cual se podría evitar.

“Por ello, les solicitamos de manera respetuosa se retiren del territorio de la cordillera del Patía, de no hacerlo, los hacemos responsables por lo que pueda ocurrir. Ahora bien, como comunidad organizada podemos brindarles seguridad y acompañarlos para que su desplazamiento sea en paz”, concluyeron.

De otro lado, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, unidad orgánica de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, indicó en un comunicado su versión de los hechos ocurridos este jueves, 11 de mayo en Patía.

“Nuestras unidades, mediante el desarrollo de operaciones militares hicieron presencia en la vereda La Aguada, municipio del Patía, del departamento del Cauca, con la misión de contrarrestar el flagelo del narcotráfico y, según lo reportado, fue localizado un laboratorio para el procesamiento de cocaína, al parecer perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño”, aseguró el Ejército.

Posteriormente, en el lugar la tropa pretendía realizar la destrucción controlada de un laboratorio con aproximadamente cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, pero durante el procedimiento el personal que desarrollaba esta actividad ilícita no abandonó el sitio y fueron rodeados por más de 400 personas, que ocultaron sus rostros y quienes de forma tumultuaria buscaban impedir que se llevara a cabo la operación militar, mediante el secuestro de 26 soldados y 2 policías, uno de ellos el jefe de la unidad básica de investigación criminal Diran Regional 4.

“Este comando rechaza enérgicamente estos hechos y procederá a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por secuestro y asonada, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”, aseguró el Ejército.

Agregó: “los soldados cumplen con la misión constitucional asignada en la ley. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil. Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal Colombiano”.

Finalmente, indicaron que este Comando adelanta esfuerzos, en un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal y demás autoridades civiles, para la liberación de los militares y policías que aún están retenidos.