La JEP estudiará medidas cautelares sobre un predio en Pradera, Valle, donde podría haber cuerpos de víctimas de desaparición forzada

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el estudio de una solicitud de medidas cautelares sobre un predio ubicado en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), donde podría haber cuerpos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.

La decisión la adoptó la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, al recibir una solicitud de un grupo de víctimas que alertó sobre la posibilidad de la existencia de una fosa común en el predio denominado ‘La Carbonera’, en Pradera.

“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd) a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA JEP) para que, en la medida de sus competencias, entreguen la información que posean frente a este predio y la posible existencia de la mencionada fosa común, y las acciones que puedan estar realizando allí”, indicó.

Asimismo, durante su intervención en la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para proteger los restos de personas desaparecidas que se encuentran en el cementerio alterno de El Copey, Cesar, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, aseguró que las víctimas, cuyos familiares fueron desaparecidos, se están muriendo sin conocer la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.

“Las víctimas se están muriendo, las víctimas se están desgastando en estos procesos de búsqueda sin que oportunamente les estemos entregando unos resultados”, señaló.

El delegado se refirió a las demoras en el proceso de búsqueda, identificación y entrega de los restos, y aseguró que, más allá de señalar responsables, hay que reconocer que algo está fallando en el sistema de justicia y que no se puede permitir que unas medidas cautelares se conviertan en indefinidas.

“El hecho de que la medida cautelar exista concentra un propósito de reconocimiento de legitimidad para poder hacer énfasis en la búsqueda de la verdad y exige que los procesos sean mucho más expeditos, sean mucho más consagrados, sean mucho más concentrados”, agregó Acosta Aristizábal.

La Procuraduría también se refirió a la necesidad de fortalecer la participación de más familiares de personas desaparecidas en la JEP para cotejar su ADN con los restos encontrados, poder identificarlos plenamente y entregarlos a sus familias.

Finalmente, el delegado Acosta hizo un llamado a las entidades vinculadas con la búsqueda para fortalecer sus actuaciones.

“No nos dejemos desviar por esa gratitud y generosidad de las víctimas, que al encontrar que las instituciones hacen presencia en su territorio, que aparecen ―y a fe (de) que han sido muchos cuerpos―, podamos pensar que estamos satisfaciendo sus derechos y sus necesidades”, concluyó.

Militares reconocieron su responsabilidad en 49 falsos positivos

En un auditorio repleto de víctimas y ante la presencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares empezaron su reconocimiento en 49 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años de 2002. En la diligencia, que se realizó en el coliseo municipal Destrezas Dabelinas, comenzó el acto de reconocimiento que se extenderá por tres días.

El pasado martes, los siguientes militares reconocieron públicamente su responsabilidad en estos hechos:

El coronel en retiro Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar; el sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar; coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 26 Arhuacos; el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar; el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 26 Arhuacos; el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar; el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar: y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) N.° 79 Hernando Cómbita Salazar.

En la instalación de la audiencia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sala de Reconocimiento, explicó que en estos casos se presentó el patrón macrocriminal de “homicidios de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de guerrilleros que habían dispuesto sus armas en un contexto de alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares”.

En este sentido señaló que los militares retuvieron y asesinaron a campesinos a los que señalaban de tener nexos y colaborar con la guerrilla que delinquía en la zona. “Con estas acciones se estigmatizó a las víctimas y a las comunidades, dañando sus lazos, se generó desplazamiento forzado y se rompieron los proyectos de vida”.

Estas acciones generaron un desplazamiento forzado en la región de Dabeiba, puesto que los pobladores sentían miedo y zozobra frente a los militares. Rafael Góez, familiar de Wilson Manco, le manifestó a los ocho comparecientes que los daños son “incalculables e invaluables”, puesto que afectó el buen nombre y honra de los pobladores quienes eran señalados de ser colabores de los grupos guerrilleros. “Tenía que negar mis raíces (...) Para conseguir un empleo no podía decir que era de Dabeiba”.

Frente a esto, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, quien fue comandante del Batallón de Contraguerrilla N.° 26 tomó la palabra y se comprometió a contar toda la vedad, resarcir el buen nombre y dignificar a las familias de las víctimas.

El oficial reconoció las alianzas que se forjaron con los grupos paramilitares, que ya para ese momento estaban fortalecidos, con el fin de realizar operativos conjuntos en contra de los campesinos a quienes retenían tras acusarlos de brindarles apoyo a los subversivos. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, aseveró el coronel.

Tras los operativos, se modificaban todos los informes para aparentar que todo había sido en medio de un combate. “Fueron asesinadas personas por pertenecer a un área como Dabeiba y presentados como guerrilleros por la estigmatización”.

Después, el mayor en retiro Yaír Rodríguez explicó que se presentó una estigmatización constante en contra de los pobladores con el fin de demostrar resultados operacionales. “Todo el que vestía de blanco o negro era guerrillero y tenía que morirse”. La frialdad de sus palabras retumbaron en los oídos de las víctimas presentes en el auditorio que no pudieron ocultar su dolor, llanto y rabia.