La Procuraduría le formuló cargos a Eliécer Arboleda, exalcalde de Buenaventura, por gastar $4.700 millones en un festival y un reinado

La Procuraduría General formuló un pliego de cargos contra el exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, por contratación irregular.

Según la investigación, el exmandatario firmó un contrato de 4.700 millones de pesos para el festival folclórico del Litoral Pacífico y el reinado señorita litoral en el andén del pacífico.

Arboleda Torres habría celebrado el convenio de asociación con la Fundación Fundaser del Pacífico, la cual, según la investigación, al parecer, no cumplía el requisito de experiencia exigido en los documentos que fundamentaron esta contratación.

Frente a esto, la Procuraduría anotó que la Fundación acreditó menos de un año de experiencia, pese a que para la suscripción del convenio de asociación se fijó un mínimo 12 meses ejecutando objetos similares al contrato.

Además, el entonces Alcalde no habría hecho la gestión indicada para que la Fundación reintegrara más de mil millones que habían quedado en el saldo sin ejecutar. “fueron $ 1.074.591.772 correspondiente al saldo sin ejecutar del pago anticipado girado en ejecución del contrato”.

“En varias oportunidades el despacho reiteró a la administración distrital para que acreditara el reintegro de estos recursos. No obstante, el ente territorial guardó silencio, conforme a lo cual se infiere que al parecer el saldo no fue reintegrado, y más aún, no se inició el respectivo proceso coactivo que operaba en este asunto”, dijo la Procuraduría.

Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Tuluá, Valle

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra John Jairo Gómez, alcalde del municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y su secretaria de Educación Municipal, Lina Marcela Mejía Arias.

De acuerdo con el ente de control, esto se da por haber incurrido en presuntas conductas irregulares, al no haber adelantado el proceso contractual para garantizar el servicio de transporte escolar de manera oportuna para los estudiantes de la zona rural alta del municipio, desde el inicio del calendario escolar 2023.

“La Provincial de Instrucción de Buga señaló que, al parecer por falta de planeación contractual, el servicio no fue garantizado desde el mes de enero de 2023, situación que desencadenó una serie de protestas por parte de padres de familia y estudiantes, que alteraron el orden público con bloqueos y marchas”, indicó la Procuraduría.

El Ministerio Público también precisó que dicha situación habría ocasionado que la Administración Municipal, tuviera que acudir a la celebración de contratos de mínima cuantía para atender temporalmente la necesidad de movilizar a los estudiantes de la zona rural.

La actuación disciplinaria que inició la entidad, que incluyó la práctica de pruebas, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el personero de Bugalagrande (Valle del Cauca), Jorge Alberto Candamil García, quien presuntamente además de su cargo, fungió de forma paralela como abogado litigante en un proceso judicial en el que era apoderado de una de las partes.

La Provincial de Instrucción de Buga señaló que el disciplinado habría percibido, de manera simultánea, ingresos por su rol como servidor público y como apoderado de confianza de un particular, que le pagaba honorarios por sus servicios profesionales, con lo que pudo incurrir en una incompatibilidad y a la vez haber prestado asesoramiento ilegal.

De igual manera, el ente de control resaltó que no encontró elementos que posibiliten la interferencia del investigado en el trámite de la actuación, por lo que negó la petición de suspenderlo de manera provisional, pero ordenó la compulsa de copias a la Contraloría Departamental, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y a la Fiscalía General de la Nación para lo relacionado con sus competencias.

“La actuación disciplinaria que inició la entidad, que incluyó la práctica de pruebas, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, indicó la Procuraduría.