Ley seca en Cali: prohíben venta y consumo de licor por elecciones

La Alcaldía de Cali se acogió al decreto del Gobierno nacional para prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas para mitigar los riesgos de alteraciones del orden público durante la contienda de este domingo 29 de octubre.

La ley seca empezará a regir a las seis de la tarde del sábado 28 de octubre y se extenderá hasta las seis de la mañana del lunes 30 de octubre. Durante 36 horas, la Policía Nacional hará cumplir la norma en todas las calles de la ciudad.

Se anticipó que 6.300 uniformados cubrirán el área metropolitana para contrarrestar los delitos electorales que se puedan presentar. Hay alerta por la posible venta y compra de votos, por lo que se ofreció una millonaria recompensa.

El general José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca, agregó que todas las unidades especializadas de la institución le pondrán la lupa a los comportamientos que afecten el desarrollo de la jornada.

“Tenemos cubiertas las registradurías, tenemos cubiertas las zonas de escrutinio, tenemos los centros de acopio, acompañamiento en las rutas de distribución de material para las votaciones. Hay un amplio grupo de policía judicial e inteligencia”, dijo el general.

Las recompensas en Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina se sumó al programa del presidente Gustavo Petro para pagar una millonaria recompensa a cambio de denuncias que den cuenta de la compra de votos en Cali en el marco de la elección territorial del próximo domingo 29 de octubre.

La plata saldrá del bolsillo de la administración local para hacerle contrapeso a las bandas que tendría el objetivo de incidir en la decisión de los caleños. Esta estrategia, cuestionada por la Fiscalía, será alimentada con un fondo especial de recursos públicos.

“La ciudad concurrió con recursos en fortalecer el fondo de recompensas para quien adelante denuncias sobre la compra y venta de votos en la ciudad. Nosotros consolidamos las recompensas que está planteando el Gobierno nacional”, dijo Jorge Iván Ospina.

Es decir, los ciudadanos deberán entregar pruebas que sustenten los siguientes interrogantes ante las autoridades judiciales para recibir hasta cinco millones de pesos: ¿quién está vendiendo?, ¿quién lo está comprando? y ¿cuál es la fuente de financiación?

Recompensas presidenciales

El mandatario colombiano reveló que personalmente entregará las recompensas a los ciudadanos que delaten a los “compradores de votos”, medida que ha generado polémica en el país.

“Yo mismo entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero”, trinó Petro.

Según información del propio Gobierno nacional, se estipuló un monto de 1 a 5 millones de pesos para las recompensas. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aumentó a 20 millones el incentivo económico.

El ministro aseguró que tanto la Fiscalía como la Policía están tras la pista de las llamadas “casas electorales” o “bodegas de votos” donde se paga por el sufragio. “En caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por 20 millones de pesos”, indicó.

Pero no cayó nada bien para el fiscal general Francisco Barbosa la estrategia que anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el pago de recompensas a quienes den información que permita desmantelar el fenómeno de “compra de votos”, de cara a las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.

La postura del jefe del ente acusador no pasó desapercibida por el mandatario colombiano, quien desde China, donde adelanta una agenda de trabajo con una visita oficial, no guardó silencio y respondió a Barbosa.

“Las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para compra de votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen”, trinó Gustavo Petro.