Los desterradores: así, de forma silenciosa, algunos indígenas invasores se apoderaron de más de 8.000 hectáreas de terrenos privados en el Cauca

La cifra de por sí sola –por fuera de los relatos de violencia, dolor y desesperación– es escandalosa: gremios azucareros, pequeños y medianos empresarios y comunidades afrodescendientes del norte del Cauca denuncian que los indígenas les han quitado más de 8.000 hectáreas de tierra plana solo en tres municipios durante los últimos cinco años.

Aseguran los afectados que la andanada de invasiones no para, por el contrario, se ha intensificado en el último año. “Hoy, sin temor a equivocarme, puedo decir que los mayores acaparadores e invasores de tierra son los indígenas del Cric”, dice el propietario de una de las fincas aledañas a la vereda El Tetillo, zona rural de Guachené, norte del Cauca.

Pero antes de avanzar, es necesario hacer un recuento de lo que viene ocurriendo en esta zona del país. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desde hace un par de décadas, emprendió una cruzada para lo que ellos llaman “liberación de la madre tierra”. El argumento principal es que todos aquellos predios productivos, donde generalmente se cultiva caña de azúcar, históricamente les pertenecen.

El segundo gran argumento es que la caña es un cultivo que hace daño a la tierra, lo paradójico es que en un recorrido realizado por SEMANA en zona rural de Caloto hay grandes predios de este producto sembrado por un cabildo.

Hoy, las grandes haciendas que antes cultivaban caña y nutrían a los ingenios azucareros están abandonadas, invadidas por los indígenas que aún no han iniciado procesos de agricultura, ni tampoco dejan que otros lo hagan. En pocas palabras, son tierras baldías, las mismas que el presidente Gustavo Petro critica tanto por su gran extensión y poca productividad.

Los indígenas del norte del Cauca comenzaron con la invasión de grandes haciendas, luego siguieron con parcelas medianas y ahora libran fuertes confrontaciones con comunidades afrodescendientes que, denuncian, se sienten amenazadas y cercadas por la presencia de los miembros del Cric.

“Hasta hace un tiempo, las invasiones se controlaban un poco más, hoy ni con orden judicial se han logrado restablecer los predios. Nos sentimos muy desprotegidos, a la deriva, sin saber qué hacer o cómo defendernos. Los indígenas llegan a las fincas en manada, empiezan a cortar y quemar la caña, luego hacen campamentos y se quedan ahí”, cuenta uno de los hacendados desterrado por el Cric.

Muchas de esas haciendas alquilaban sus predios a los ingenios, por lo que el impacto económico en esa región se mantiene a la baja. Empleo no hay, manifiestan los antiguos trabajadores cañeros. Muchos de ellos –en una medida desesperada– conformaron brigadas de seguridad nocturna para evitar las invasiones, pero en la oscuridad de la noche los empezaron a matar.

De acuerdo con Asocaña, este año han sido asesinados tres trabajadores de la caña, dos el 6 de febrero en la vereda El Tetillo y uno más el 15 de abril en el municipio de Miranda. Asimismo, resultaron heridos con arma de fuego ocho trabajadores, mientras que tres fueron secuestrados y liberados horas después.

¿Quién los está matando?

En el norte del Cauca –costado oriental, que es donde se están presentando las invasiones violentas– opera la sangrienta columna disidente Dagoberto Ramos; sin embargo, esta estructura ha negado estar detrás de las incursiones armadas contra trabajadores de los ingenios y colectivos afro que defienden sus tierras.

Según narraciones de diferentes testigos, quienes disparan contra los cuidadores de los predios usan pasamontañas negros y tiran a matar; posteriormente, diez o 12 horas después del ataque violento, llegan los colectivos invasores para quemar la caña y apoderarse de la tierra.

El Cric asegura que ellos no tienen un brazo armado, que sus acciones son pacíficas y que cuando ha habido confrontaciones con las comunidades afro, solo se han defendido. Los esfuerzos de las autoridades para determinar quiénes disparan avanzan a paso lento. Hoy, no hay una hipótesis clara que apunte a un grupo o estructura detrás de estas muertes.

Una de las pistas para empezar a descifrar este rompecabezas de ataques violentos es un hombre identificado con el alias de Guarapo, a quien la Fiscalía acusa de asesinar a los trabajadores Leonardo Talaga Mensa y Rodolfo Dagua Vivas en la vereda El Tetillo.

Alias Guarapo fue capturado por las autoridades, llevado ante la justicia, pero un juez determinó, pese a las acusaciones, que no era un peligro para la sociedad y podría seguir su proceso en detención domiciliaria.

“Esta decisión puede dificultar el proceso judicial, como quiera que no se evidencian garantías de que el capturado respete su detención domiciliaria, ni de que suspenda su accionar criminal, pues, de acuerdo con lo expuesto públicamente por el ente investigador, el señalado forma parte activa de la red de apoyo de la estructura residual Dagoberto Ramos, que tiene injerencia en el norte del Cauca. La ausencia de una medida de aseguramiento intramural puede derivar en un riesgo por las represalias que se podrían desplegar en contra de los trabajadores de la agroindustria de la caña que viven, se movilizan y trabajan en esta región”, señaló Asocaña tras conocer la decisión del juez.

Además, desde esa agremiación aseguraron: “Esperamos que la justicia actúe y sea consecuente con lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en su recurso de apelación, interpuesto frente a la decisión adoptada por el juez de control de garantías, y se opte por una medida de aseguramiento intramural que permita más garantías, no solo para el proceso penal, sino también para las víctimas”.

Asocaña también invitó a la Fiscalía a “continuar con las investigaciones en los demás casos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en contra de los trabajadores de la agroindustria de la caña en el norte del Cauca, pues es la justicia la que garantiza que no se repitan estos crímenes que afectan a toda la comunidad”.

“No aguantamos más”

Las confrontaciones entre los indígenas, trabajadores y líderes afro han subido de nivel. A principio de año hubo una mesa de negociación y compromisos de no agresión, la semana pasada se reactivaron las invasiones en zonas rurales de Caloto, Corinto y Miranda.

Las invasiones, asegura Asocaña, se “mantiene desde hace seis días en tres predios del municipio de Miranda, pese a los llamados insistentes que hemos hecho a las autoridades en diferentes instancias”.

“Desde el miércoles pasado se registran intimidaciones a los trabajadores, destrucción de cultivos y construcción de cambuches en predios que nunca habían sido invadidos, así como afectación a la movilidad de las comunidades aledañas”, exponen en el documento.

De igual manera, argumentan que son “hechos que condenamos rotundamente y que, además, van en contravía de los avances que se han logrado en la mesa de diálogo del norte del Cauca, liderada por el Gobierno nacional”. Agrega que desde allí, la agroindustria de la caña ha expresado voluntad de contribuir con acciones que permitan el desarrollo rural integral de esta región, “teniendo en cuenta el compromiso de todos los actores de trabajar por la paz, la convivencia y el respeto de los derechos de quienes forman parte del norte del Cauca”.

Frente a este panorama, pequeños finqueros manifiestan que ya no aguantan más el ambiente de hostilidad y zozobra en el que viven sus familias. “La solución es muy sencilla, aquí debe venir el presidente Gustavo Petro y resolver este problema con la tierra, si él no se hace cargo, estallará una guerra social y étnica sin precedentes, porque la gente ya no aguanta más, esto es una bomba de tiempo”, dice Jesús Quintero, habitante de Caloto. Mientras el Gobierno atiende su llamado, el Cauca es una caldera de odios y resentimientos a punto de explotar.