Los millonarios líos de la vía Quibdó-Medellín por las otras víctimas de derrumbes que podrían llegar a instancias internacionales

El desprendimiento de una montaña sobre 50 personas en Chocó desempolvó cuatro millonarias demandas que buscan justicia para las víctimas de la “trocha de la muerte”, la peligrosa carretera que conduce de Medellín hacia Quibdó. SEMANA conoció detalles de los procesos que están varados en los despachos judiciales y que, prontamente, serán discutidos en organismos internacionales por la violación constante de derechos.

El camino está rodeado de grandes volúmenes de tierra y piedra que amenazan con desplomarse en cualquier momento. El miedo de quedar sepultado bajo las peñas no es nuevo y ya suma cientos de fallecidos, según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Desde hace dos décadas se están contando muertos y las autoridades nacionales no han podido encontrar la fórmula para curar los riesgos de los viajeros.

Las emergencias están concentradas en el tramo de El Carmen de Atrato, un pueblo sitiado por la pobreza, la violencia y el olvido. Los indígenas y campesinos están acostumbrados a rescatar cadáveres bajo el polvo. Entre las víctimas hay menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores, quienes desafiaron la inestabilidad del monte para cumplir con citas en el departamento de Antioquia y regresar a sus rutinas en el Pacífico.

El episodio más reciente conmocionó al mundo: doña Rocío Mazo les abrió las puertas de su casa a 50 ciudadanos que quedaron retenidos por cuatro movimientos en masa el pasado 12 de enero; los carros no se podían mover ni para Quibdó ni para Medellín. Ellos fueron sorprendidos por un derrumbe que se llevó todo por delante. Los organismos de socorro recuperaron 39 cadáveres y siguen en la búsqueda de cuatro desaparecidos.

Emergencias anunciadas

La tragedia fue anunciada el 14 de enero de 1998 cuando un vehículo de servicio público rodó por una montaña, dejando nueve muertos y 38 heridos. Después de una batalla legal que se extendió por 15 años, un juez repartió responsabilidades entre las entidades estatales y obligó a indemnizar a las familias de las víctimas. Sin embargo, 108 meses después, el Invías no ha terminado de cumplir con sus obligaciones: debe 5.000 millones de pesos.

El incidente se repitió el 3 de febrero de 2009: el conductor de un bus que cubría la ruta entre el Valle de Aburrá y la capital del Chocó trató de esquivar un derrumbe, pero la maniobra terminó mal. Los medios de comunicación de la época narraron que el automotor rodó por un abismo durante dos minutos y terminó en las inmediaciones del río Atrato.

Este caso dejó 36 fallecidos, cinco desaparecidos y diez sobrevivientes. Los efectos fueron discutidos en el Tribunal Administrativo del Chocó, que protegió a las familias que perdieron a sus seres queridos con el pago de 7.645 salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte del Invías y el Ministerio de Transporte; a precio de hoy, superaría los 9.000 millones de pesos. Ese dinero no se ha desembolsado porque el Consejo de Estado está revisando la determinación desde hace seis años.

Y no solo está en discusión la plata para los afectados, también la exigencia de recuperar la “trocha de la muerte” y la carretera que une a Risaralda con Chocó, otro eje vial que suma dolorosas emergencias. En este último tramo, el 4 de diciembre de 2022 un bus fue arrollado por un derrumbe mientras se movilizaba por la zona rural del municipio de Pueblo Rico, dejando a 34 personas muertas y a nueve más heridas.

¿Se pudo evitar la tragedia?

El abogado Javier Villegas, quien lidera la defensa de estas víctimas, aseguró en SEMANA que los riesgos pudieron haberse evitado desde la primera emergencia. Sin embargo, los trámites judiciales y la disposición de las autoridades habrían obstaculizado el cuidado de la vida más la violación de otros derechos fundamentales. Con la sentencia expedida en 2018, en la que se examinó el caso de los 36 fallecidos, se sentó un precedente.

“El Tribunal ordenó una reparación integral para los ciudadanos. En un término no mayor a seis meses, el Ministerio de Transporte, el Invías y el Ministerio de Hacienda debían iniciar el procedimiento contractual encaminado a la construcción del corredor vial que lleva a Antioquia y a Risaralda. Aunque se apeló la decisión y estamos esperando al Consejo de Estado, tal vez no tendríamos estas tragedias hoy”, mencionó el jurista.

A su juicio, se debería declarar el estado de cosas inconstitucional en Colombia por cuenta de los desastres naturales que han ocurrido en esta carretera y tendría suficiente material probatorio para respaldar su teoría sobre la violación sistemática de derechos en los últimos 20 años. Incluso, él anticipó que interpondrá un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise con lupa la crisis.

Son muchas las historias que enmarcan esta pesadilla. El 15 de octubre de 2011 una pareja que se transportaba en una moto fue sepultada por un derrumbe. Asimismo, el 9 de junio de 2016, también en El Carmen de Atrato, otra montaña arrasó con varios vehículos particulares: siete personas fallecieron y cuatro más quedaron heridas. En todos los casos mencionados, las pretensiones de los afectados superarían los 40.000 millones de pesos.

A los familiares de las víctimas de la “trocha de la muerte” les cuesta distribuir responsabilidades con nombres propios. Hay miedo de hablar en voz alta por las implicaciones de las afirmaciones y otros prefieren guardar silencio para llevar su dolor en calma. No obstante, varios miran hacia un fantasma que devora los recursos públicos en el Chocó y varios rincones de Colombia: la corrupción.

Carmen María Bedoya perdió a su sobrina en el mortal deslizamiento del 12 de enero en El Carmen de Atrato. Astrid Johana Osorio viajaba hacia Medellín para reencontrarse con su pequeño hijo cuando quedó atrapada en la tierra.

En medio de lágrimas, su pariente dijo que la tragedia sería resultado de los malos manejos administrativos de las últimas dos décadas, pues la inestabilidad de la tierra siempre ha estado presente. “En el Chocó hay mucha corrupción, toda la vida. Todo esto son cosas que han pasado por la misma corrupción. Si hubiera alcaldes y gobernadores que hicieran las cosas bien, yo creo que el Chocó no estuviera así. Esto se pudo evitar”, relató.