Lucha contra la minería ilegal: incautados 30 equipos utilizados para destruir el medio ambiente en Cauca

La Armada Nacional, junto con uniformados del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo una operación conjunta en la vereda Temuey, en los sectores Patidero y Río Napi, en el municipio de Guapi, Cauca. Durante la operación lograron incautar 30 unidades de maquinaria y una draga utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Además, los integrantes de la Fuerza Pública y personal de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) intervinieron ocho frentes mineros, incautando 3.734 trozas de madera, que equivalen a aproximadamente 160 metros cúbicos y seis unidades de maquinaria empleada en la minería ilegal. Asimismo, se decomisaron preventivamente 24 unidades de maquinaria y una draga para la extracción fluvial de yacimientos mineros.

El objetivo de esta operación era contribuir a la protección del medio ambiente, especialmente de los recursos hídricos que se contaminan con estas prácticas de extracción ilícita de yacimientos mineros. Todo el material incautado y decomisado fue puesto a disposición de la CRC.

Durante la operación no se presentaron capturas; sin embargo, la Armada anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con el fin de evitar la explotación ilegal de los recursos no renovables en el Pacífico colombiano, reafirmando su compromiso de preservar los recursos naturales de la región.

Cabe recordar que esta operación se suma al trabajo conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea y CTI de la Fiscalía que permitió, en febrero pasado, la incautación en el oriente de Caldas de cuatro dragas para la extracción ilegal de oro.

En la zona rural de los municipios de Samaná, Norcasia y Victoria, en labores de infiltración y de control contra la extracción ilícita de minerales, fueron intervenidas tres unidades de producción minera donde se extraía oro en diferentes modalidades y donde, además de utilizar mercurio y cianuro, ya se habían afectado cerca de cinco hectáreas de capa vegetal y contaminaban las fuentes hídricas que desembocan en el río La Miel y Samaná.

Esta operación tuvo lugar en las veredas Buenavista, en Samaná; Jagual en Norcasia, y el corregimiento de Isaza, en Victoria, donde fue incautado un motor de arrastre, 250 metros de guaya de acero, infraestructura de transporte de material, una piscina de selección de material, cuatro dragas, cuatro motobombas, cuatro compresores, cuatro canaletas de selección, cuatro tubos de succión de 8 pulgadas, 70 metros de mangueras, 80 galones de gasolina. Además, se destruyó un cúbico de extracción de 10 metros de profundidad.

De acuerdo con el Ejército, “el aprovechamiento ilícito de minerales en estos municipios del oriente de Caldas se ha realizado sin contar con el título minero legal, estipulado en la Ley 685 de 2001, del Código de Minas, lo que ha afectado no solo los recursos naturales, sino el bienestar y la seguridad de las familias que viven y se benefician legalmente de estas fuentes hídricas”.

Las autoridades estiman que en estas unidades de producción ilegal se estarían extrayendo 2.300 gramos de oro mensuales, lo que equivale a un ingreso promedio por venta de 660 millones de pesos al mes. Afectando así esta economía ilegal por un valor mensual aproximado de 725 millones de pesos.

“Con estos resultados se logra una reducción significativa del impacto ambiental. Es de resaltar que el valor que se invierte para la recuperación del daño ambiental es de 750 millones de pesos aproximadamente y podría tardarse entre unos 20 a 30 años”, señaló el Ejército.

Apoyo de EE. UU. para combatir la minería ilegal

En su visita a Washington, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, fortaleció la cooperación institucional entre Colombia y Estados Unidos. En su última reunión de alto nivel, la procuradora Cabello logró que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) colaborara con la Procuraduría General en la lucha contra el uso del mercurio y la minería ilegal en el país.

La administradora adjunta de la EPA, Jane Nishida, se reunió con la jefa del Ministerio Público en Washington para establecer un mecanismo de intercambio de información y capacitación técnica en la prevención y el control del uso del mercurio y la minería ilegal en Colombia.

De acuerdo con la Procuraduría, Colombia es el mayor emisor per cápita de mercurio en el mundo y es el tercer país más contaminante en el planeta, después de China e Indonesia. Por eso, la Procuraduría General lidera una estrategia que busca la articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial para el control y monitoreo de la contaminación por mercurio y sus impactos socio ambientales a partir de la Mesa Nacional de Mercurio.

Con esta colaboración entre la EPA y la Procuraduría General, se espera fortalecer las capacidades para la acción preventiva ante este flagelo medioambiental que afecta, principalmente, el occidente y el suroriente del país.