El galeno, asegura la Fiscalía, practicaba abortos a las mujeres que integran las disidencias de las Farc.
El galeno, asegura la Fiscalía, practicaba abortos a las mujeres que integran las disidencias de las Farc. | Foto: Fiscalía General de la Nación

NACIÓN

Médico al que le pagaban $ 45 millones por atender a disidentes de las Farc fue capturado en Cali

El galeno, conocido como alias Caliche, tenía un consultorio clandestino en Tumaco, Nariño.

25 de julio de 2022

Disidencias de las Farc con presencia en el suroccidente colombiano tenían contratado a un médico para que atendiera a los miembros de sus estructuras cuando resultaban heridos en enfrentamientos con la fuerza pública.

La investigación de las autoridades permitió establecer que el profesional recibía 45 millones de pesos mensuales de las estructuras delictivas Iván Ríos y Alfonso Cano a cambio de sus servicios.

El galeno, identificado como Carlos Alberto Rosero Angulo, según la Fiscalía General de la Nación, brindaba de manera ilegal asistencia médica y asesoría a las disidencias. Este sujeto, quien presuntamente era conocido entre los terroristas como alias Caliche, atendía en un consultorio clandestino.

Hasta ese consultorio clandestino, ubicado en Tumaco, Nariño, arribaban los disidentes cuando estaban enfermos o heridos para que alias Caliche les suministrara medicamentos o los interviniera quirúrgicamente.

Las pesquisas de las autoridades detallan que alias Caliche trasladaba esporádicamente su oficina improvisada “a distintos inmuebles o bodegas para evitar ser detectado”. En este lugar no solo atendía las enfermedades tropicales y gripas que padecían los terroristas o sus lesiones por disparos, sino que además practicaba abortos a las mujeres que forman parte de esas estructuras criminales.

Finalmente, el médico fue capturado en un operativo coordinado por la Fiscalía y la Policía Nacional en el barrio Ciudad 2000 de Cali.

Por todos estos hallazgos, el ente investigador puntualizó que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.

Alias Caliche no aceptó los cargos y fue cobijado por un juez con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Es decir, enfrentará su proceso con la justicia tras las rejas.

Capturan a secuestradores

Dos personas que participaron en la desaparición forzada de Jesús David Urueña, alcalde encargado de El Charco, Nariño, fueron capturadas por las autoridades. La Investigación de la Fiscalía señala que los delincuentes participaron en el secuestro ocurrido el pasado 24 de abril, cuando el mandatario se movilizaba en una lancha por el río Guapi, sector La Bocana (Cauca).

“La contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías de Popayán (Cauca) impusiera media de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian David Payán Vega y Joffer Fabián Hurtado Cundumí, alias Cumbamba”, expone la Fiscalía en un comunicado.

La investigación adelantada por la Fiscalía evidenció que Payán Vega sería la persona encargada de esperar, vigilar y hacerle seguimiento a Urueña desde que llegó a la región en un avión que aterrizó en Guapi, para posteriormente tomar una lancha con destino a El Charco.

Mientras tanto, Hurtado Cundumí habría sido el encargado de la logística para ejecutar el ilícito y sería quien se quedó con el celular de la víctima, elemento que se cree mantuvo oculto en su residencia, tal y como lo evidencian las labores de seguimiento realizadas por las autoridades al GPS del teléfono.

“En cumplimiento de una orden judicial, Payán y Hurtado fueron capturados en Guapi (Cauca) y El Charco (Nariño), respectivamente, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de las seccionales Cauca y Nariño. Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del Gaula de la Policía y de la Armada Nacional”, indicó la Fiscalía.

Un fiscal especializado de la Seccional Cauca imputó a los procesados el delito de desaparición forzada, cargo que no fue aceptado por los ninguno de los presuntos implicados.

Por el momento, las autoridades siguen en pie con una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre el paradero del funcionario, que hasta ahora se desconoce.