Miembro de Los Espartanos exigía pago de $6 millones y cuotas mensuales a comerciantes de Buenaventura para dejarlos trabajar

Un pago inicial de seis millones de pesos y cuotas mensuales que oscilaban entre los 150.000 y 500.000 eran las exigencias económicas que Michel Manrique López, conocido como alias Camilo, presuntamente les hacía a comerciantes de Buenaventura, Valle del Cauca, para dejarlos trabajar.

Este supuesto integrante de Los Espartanos, una de las facciones de la banda La Local que libra una guerra urbana con Los Shottas en el distrito portuario, extorsionaba a los comerciantes del sector Pueblo Nuevo, de acuerdo con la investigación de las autoridades.

El monto de las cuotas mensuales que los comerciantes debían pagarle se determinaba de acuerdo con los ingresos que obtenían. Si no accedían a las pretensiones, los miembros de Los Espartanos atacarían sus locales y arremeterían contra sus familias y empleados.

La Fiscalía General de la Nación asegura que pudo constatar la participación de alias Camilo en al menos cuatro extorsiones por sumas millonarias. Es por eso que un juez de Buenaventura había ordenado su captura, la cual se hizo efectiva recientemente.

Agentes del Gaula de la Policía detuvieron finalmente en el distrito portuario a este sujeto por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Durante las audiencias, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La caída de alias Camilo se da en medio de la tregua que hay entre Los Espartanos y Los Shottas. Este acuerdo al que llegaron las bandas se lo confirmó a SEMANA Rubén Darío Jaramillo, monseñor y representante de la Iglesia católica en el distrito portuario.

De acuerdo con el religioso, los cabecillas de estas estructuras anunciaron, en medio de las conversaciones que han venido sosteniendo desde que el presidente Gustavo Petro comunicó su voluntad de lograr una ‘paz total’, que levantaron las fronteras invisibles en la ciudad. De hecho, el mandatario, tras una visita a la ciudad, instó a estas bandas a unirse a esta iniciativa: “Shottas y Espartanos son bienvenidos a la paz”.

“Todos estaban esperando signos concretos de paz. Ellos han tomado la decisión de que la gente pueda movilizarse tranquilamente por toda la ciudad”, señaló Jaramillo. El barrio Juan XXIII, que es donde estas estructuras convergen y luchan principalmente por el territorio, es el más beneficiado con la decisión de las bandas.

“Este es un mensaje para la ciudadanía y los empresarios, porque hay sectores que con las fronteras invisibles estaban vedados. Necesitamos el compromiso del estado y del sector empresarial para consolidar esta paz que Buenaventura necesita”, argumentó.

Jaramillo destaca que en el distrito portuario, con decisiones como el levantamiento de las fronteras invisibles, las bandas han demostrado pasar de las palabras a los hechos. Sin embargo, acepta que también deben avanzar hacia el cese de la comisión de delitos como el hurto y la extorsión. “Los integrantes de estas bandas quieren estudiar y formar pequeñas empresas (...) esto es una voz de esperanza en nuestro país”, concluyó.

A la cárcel miembros de Los Shottas

En otros hechos, un juez de Buenaventura, Valle del Cauca, envió a la cárcel a cuatro presuntos integrantes de Los Shottas, luego de que la Fiscalía General de la Nación los imputara como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada en concurso sucesivo.

“De acuerdo con la investigación, Héctor de Jesús Orta González, alias El Veneco; Carlos Humberto Hinestroza, alias Yunta; Yeiner Andrés Gómez Castillo, alias El Cholo; y José Miguel Vásquez Bastidas, alias El Negro, presuntamente delinquían en el barrio La Independencia, Comuna 9 de este puerto sobre el Pacífico”, aseguró la Fiscalía.

Los cuatro asegurados les habrían impuesto a los comerciantes del barrio el pago de una cuota mensual entre $100.000 y $600.000 para garantizarles seguridad contra la facción rival Los Espartanos, bajo la amenaza de atentados contra los locales, los familiares de los propietarios y empleados.

La Fiscalía aseveró que después de las denuncias presentadas por varios comerciantes, los cuatro sujetos fueron capturados por agentes del Gaula de la Policía durante operativos realizados en la Comuna 9, cumpliendo órdenes emitidas por un juez penal de Buenaventura.