“No se haga matar por una bobada”, médicos rurales cuentan cómo son amenazados por grupos armados. Las historias son impactantes

Decenas de médicos rurales en Colombia están en una encrucijada, un dilema de vida o muerte que compromete su futuro profesional. Por un lado, reciben constantes amenazas, agresiones físicas y verbales, y hasta secuestros exprés de grupos armados, y por el otro costado, una estela de indiferencia de las autoridades de salud, que los obligan a continuar prestando el servicio, pese a esos escenarios de horror.

SEMANA recogió testimonios de varios profesionales de la salud que les tocó batallar con estas dos realidades. La médica Laura García (nombre cambiado) debió abandonar su ejercicio en El Bagre, Antioquia, en marzo de 2023, cuando las amenazas se hicieron más constantes. No era un juego. En ese mismo municipio, asesinaron al también médico rural Camilo Arteaga en 2019, por lo que las amenazas se deben tomar en serio.

“Cuando uno llega a esos lugares se gana muchos enemigos porque te mandan a trabajar con las uñas y a resolver carencias históricas, entonces te ponen como carne de cañón”, cuenta. Primero pidió traslado, y ante la negativa decidió salir un día del municipio solo con pocas prendas. Otra médica rural la acompañó, ambas privilegiaron su integridad física antes que el futuro profesional.

“Nosotros tuvimos que salir corriendo. Siempre que hay actos de violencia, uno va y le cuenta a la Secretaría de Salud y allá le dicen que si uno renuncia no le entregan la tarjeta profesional en nueve meses. Todos los relatos de médicos rurales son iguales: nos amenazan, pero no podemos renunciar, porque nos niegan la tarjeta profesional. Te dicen que esa amenaza no fue lo suficientemente grave y no te podías ir, y por eso te sancionan con nueve meses de penalidad”. Laura logró salir con vida y aún sostiene una batalla legal con el Ministerio de Salud para el reconocimiento de su trabajo rural, pero no todos los casos terminan así.

El médico Juan Carlos Caiza fue asesinado el pasado 14 de febrero en Florencia, sur del Cauca. Hombres armados lo esperaron al costado de la vía, lo asesinaron y huyeron en una motocicleta. Hasta el momento, las investigaciones por ese caso no han avanzado, pero lo que sí es cierto es que en esa zona opera el frente disidente Carlos Patiño, comandado por alias Iván Mordisco.

Son ellos los que tienen el control criminal. Precisamente, en ese departamento están los relatos más alarmantes y dolorosos. Un médico que hizo su rural en Corinto, norte del Cauca, le contó a SEMANA que en varias oportunidades fue secuestrado por la columna disidente Dagoberto Ramos y llevado a zonas rurales para atender emergencias de salud de los criminales.

“Lo que más me sorprendía era la normalidad con que todo el mundo toma estos hechos. La primera vez que me secuestraron, llegaron a mi casa y me dijeron que el señor de arriba me requería y debía ir con ellos, yo estaba muy asustado y les dije que de ahí no me movía, entonces ahí me mostraron las armas. ‘No se haga matar por una bobada’, me dijeron. El caso fue que me montaron en unas camionetas Toyota de vidrios polarizados y empezamos a subir, cuando llegamos era para atender a uno de los comandantes, que tenía vómito, diarrea y llevaba varios días así. Yo lo revisé, pedí algunos medicamentos, ellos se los fueron a conseguir y estuve allá como tres días. Cuando su condición mejoró me dejaron ir”, señala el médico. Constantemente le advertían que aquel disidente debía recuperarse para que él pudiera recobrar la libertad.

“Cuando me soltaron, yo llegué al hospital con la convicción de salir del municipio, le conté a un par de colegas y lo tomaron hasta con humor. Nadie se escandalizó, cuando en realidad es que me hubieran podido matar. Yo puse el requerimiento, pero me dijeron que no me podía ir, que si lo hacía me sancionaban porque eso no era algo de riesgo extremo. Después de eso me secuestraron tres veces más. En una de las últimas, había un par de heridos por arma de fuego, yo sugerí llevarlos al hospital, pero se resistían, hasta que finalmente me hicieron caso, pero cuando llegaron a la atención médica, la Policía los capturó, entonces me empezaron a llegar mensajes de que yo fui quien los entregó. En ese momento decidí salir del municipio”.

En otro de los relatos, en el Bajo San Juan de Chocó, uno de los médicos residentes fue torturado por un grupo armado que se disputaba el control territorial con el ELN.

“Yo estaba en una comunidad indígena que se llama Papayo, y ahí a veces llegaban uniformados a pedir revisión médica, y ¿cómo hace uno para decirles que no? Yo los atendía con los pocos recursos que había, hasta que un día hubo una incursión de otro grupo, dicen que era el Clan del Golfo, y me encerraron en el puesto de salud. Allí me golpearon y me amarraron. Decían que yo sabía dónde estaban los del ELN y que si no se lo revelaba me iban a matar, yo lloraba y les suplicaba que no sabía nada, pero no les importaba nada. Me siguieron golpeando hasta dejarme casi inconsciente, luego se fueron cuando empezaron a sonar ráfagas de fusil a lo lejos. Estoy vivo de milagro”, puntualiza.

“Se obsesionó conmigo”

Una médica que prestó su servicio rural en La Tola, Pacífico nariñense, aún no logra reconstruir el relato de lo sucedido sin ser víctima de las lágrimas. En ese municipio fue abusada por uno de los cabecillas del frente Oliver Sinisterra.

“Estos son municipios muy pequeños, casi que caseríos donde todo el mundo se conoce y hay pocas calles. Y ellos (los grupos armados) viven ahí, entre la gente (...) Uno de esos cabecillas se obsesionó conmigo y constantemente me acechaba en el puesto de salud, en la calle, donde me viera.

El caso fue que en una de las fiestas del municipio que hicieron en el coliseo grande, que queda un poquito alejado del puesto de salud, yo fui por insistencia de la comunidad, pero me aburrí rápido y decidí regresar al lugar donde me estaba hospedando, y de camino me encontré con estos sujetos en estado de embriaguez, uno de ellos dijo: ‘Mira, el regalo para el jefe’. Yo seguí caminando hasta que me tomaron fuerte del brazo y me advirtieron que no gritara, me llevaron hasta donde estaba ese sujeto y ahí me encerraron y él me empezó a tocar, yo me quedé paralizada, porque sentía que me iban a matar”.

Tan solo este año se han registrado ataques contra médicos rurales en Zapatoca, Barranca, Cesar y La Guajira. En uno de los casos más llamativos, una profesional de la salud resultó herida por arma blanca. Los relatos de médicos agredidos en diferentes municipios de Colombia pudieran copar todas las páginas de esta revista. Ellos alegan falta de garantías para ejercer su labor y muchos han optado por frustrar sus sueños de ser profesionales para poder salvar sus vidas. Los grupos armados los persiguen y nadie hace nada por protegerlos.

En marzo pasado, un borrador de resolución del Ministerio de Salud agudizó el debate porque en el documento se eliminan las excepciones para que los médicos realicen el año rural, es decir, ni los casos de violencia serán contemplados como un posible impedimento. Incluso, ya no serían solamente médicos, enfermeros, bacteriólogos y odontólogos los que tendrían que hacerlo, pues unas siete profesiones estarían en la lista: fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, optómetras, terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios y químicos farmacéuticos.

Gremios de estudiantes y profesionales de la salud respondieron con un comunicado. “Como se ha visto en plazas como El Bagre, Zapatoca y Florencia, u otras plazas rurales, durante este año de Servicio Social Obligatorio (SSO) se pone en riesgo la integridad física y laboral de miles de profesionales”. Y agregan: “Nos preocupa sobremanera estas nuevas propuestas que pueden retrasar nuestro ejercicio profesional y para las cuales no hay garantías efectivas de la seguridad de nuestros rurales en toda el país”.

Finalmente, el exministro de Salud Fernando Ruiz también se pronunció: “Con mucha razón, muchos jóvenes médicos están hoy preguntándose por qué después de invertir seis años de su vida en una de las carreras más largas y teniendo como horizonte alrededor de cinco de especialización para entrar al mercado laboral, tienen que pagar el precio de una política lesiva que los discrimina frente a otras profesiones”.