Nuevo desalojo en Cali generó confrontación entre la fuerza pública y la comunidad

Este miércoles, las autoridades adelantan un operativo para desalojar a la comunidad que se encuentra asentada ilegalmente en el sector Cauquita o Villamercedes, oriente de Cali.

Sin embargo, las más de 300 familias que residen en ese predio se han negado a abandonar el lugar, por eso, con cadenas humanas, llantas y escombros incinerados se han opuesto al desalojo del sitio, que está ubicado a unos metros de la terminal del MIO Aguablanca.

“La autoridad competente en este proceso, quien ha tomado la decisión de una inspección 21, la cual se tomó desde julio del año pasado. La decisión fue votada en ambas instancias y posteriormente, la decisión fue sujeta de varias tutelas interpuestas por los ocupantes irregulares. De hecho, la corregidora del momento resultó amenazada por haber fallado por esta ocupación irregular”, indicó César Lemos, subsecretario de Acceso a los Servicios a la Justicia.

El funcionario también aseguró que en el lugar se encuentran más de 500 funcionarios de la Alcaldía de Cali; y maquinaria amarilla para derribar las viviendas que se construyeron de manera ilícita en ese sector.

“Hay 13 víctimas del conflicto de los 273 techos aproximadamente que quedan. En un principio había alrededor de 500 techos, pero durante este lapso la gente fue migrando el sector”, dijo Lemos, quien contó además que en esa zona se han presentado 10 homicidios.

Cabe recordar que una situación similar se presentó en el predio Aldovea, ubicado en el corregimiento Navarro, oriente de Cali. Dicho terreno se encontraba invadido ilegalmente desde hace meses por más de 1.500 personas, de acuerdo con el censo realizado por la alcaldía.

Los pobladores que estaban en ese lugar se habían resistido al desalojo, lo que ocasionó tensiones con los agentes del Esmad. Incluso, para evitar el paso de las autoridades, hicieron un muro humano en el que involucraron a niños y mujeres.

Pese a los momentos de zozobra que se vivieron en Aldovea, las autoridades lograron derrumbar varias viviendas improvisadas que se levantaron en el terreno.

Desalojados de Aldovea están hacinados

Tras el masivo operativo adelantado para restituir más de 50 hectáreas invadidas ilegalmente, muchas personas encontraron refugio en las instalaciones de un complejo educativo.

Son al menos 180 familias las que permanecen en la Ciudadela Nuevo Latir a la espera de que la Alcaldía o el Gobierno nacional les brinde soluciones. Cabe recordar que 1.524 personas, de las cuales 480 son víctimas del conflicto armado, fueron desalojadas de Aldovea.

Las familias, conformadas por 150 niños que no superan los 14 años de edad, están hacinadas en un salón del establecimiento educativo en condiciones complejas, pues solo cuentan con una cocina improvisada y dos baños.

“Hay aproximadamente 180 familias y hay más de 500 fluctuando todos los días. Hay que resaltar que este no es un albergue certificado y se han pedido soluciones, pero la alcaldía se ha quedado corta y está rechazando las propuestas”, dijo Andrés Valencia, consejero de juventudes.

Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina ha dicho que estas personas deben recibir ayudas para conseguir vivienda, pero que para eso se necesita no solo la voluntad de la Alcaldía, sino también “la concurrencia de la comunidad, el Gobierno nacional, las organizaciones de vivienda y del sector privado”.

“Para las comunidades necesitadas, desplazadas por la violencia y en condición de vulnerabilidad, que efectivamente necesitan vivienda, hay que construir una política pública con alternativas como regularizar sitios, adelantar procesos de construcción y ubicar subsidios para albergues temporales”, expuso el mandatario.

Muchas de las familias desalojadas recientemente en Cali se mantienen a la expectativa de las ayudas, máxime que el pasado sábado -15 de octubre- durante el Diálogo Regional Vinculante que se desarrolló en la Universidad del Valle y al que Gustavo Petro llegó tarde, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, anunció que hay una gran cantidad de tierras que serían entregadas a población vulnerable de la región.

“Hemos identificado 8.000 hectáreas en el Valle del Cauca para el propósito de entregar tierras para la economía campesina, negra e indígena”, aseguró Rojas.

El funcionario también dijo que la SAE, junto a la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas y la Agencia de Desarrollo Rural, está validando quiénes serán los beneficiarios de las entregas de tierras. “Queremos que las entregas sean este mismo año, estamos haciendo lo posible para lograrlo”, explicó.