Personería de Cali inhabilitó al exdirector del Dagma, Carlos Eduardo Calderón, ¿por qué?

La Personería de Cali sancionó en primera instancia a Carlos Eduardo Calderón Llanten, exdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Medio ambiente (Dagma), por irregularidades en el Comité de Compensaciones Arbóreas.

Asimismo, fueron destituidos e inhabilitados John Alexander Posso Osorio, subdirector de Gestión de Calidad Ambiental; Óscar Villani Romero, subdirector Umata y Paola Rodríguez Moreno, jefe de Unidad de Apoyo. Estos altos funcionarios no podrán ejercer cargos públicos por doce años.

“En su calidad de miembros del Comité de Compensaciones Arbóreas, autorizaron la compensación en dinero de 186 individuos arbóreos, sin cumplir con el contenido del artículo quinto de la Resolución 4133.9.21.441, del 28 de mayo de 2014″, según la Personería por esta razón fueron sancionados.

Y es que la Resolución dispone, según el ente de control, que para el cumplimiento de la compensación por la afectación del componente forestal, “el valor en dinero determinado será destinado a la realización de actividades de establecimiento, mantenimiento integral y manejo fitosanitario de la cobertura forestal y sobre el área de espacio público donde están establecidos”, indica.

“La conducta de los funcionarios es una falta a título de culpa gravísima, de conformidad con el Código Disciplinario Único del artículo 48, numerales 37 y 38, de la Ley 734 de 2002″, señaló la Procuraduría.

Dstituyeron e inhabilitaron por 10 años a exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la exgobernadora de La Guajira (2016), Oneida Rayeth Pinto, al comprobar irregularidades en un contrato por $ 20.453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC, para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento evidenció que Pinto Pérez suscribió el contrato 009 del 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), proceso contractual en el que participó, con lo que faltó a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal.

Vale la pena recordar que Funtics estaría también relacionada con el millonario desfalco en que se convirtió el programa para llevar internet a las zonas más lejanas del país, en el que el consorcio Centros Poblados embolató 70 mil millones de pesos.

El Ministerio Público estableció que “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial, para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso Licitatorio Público, es decir, no existió ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.

La restricción fijada ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.

En su momento, el Ministerio Público, a través de su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió en un informe de cinco puntos que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de La Guajira; sin embargo, a pesar de ello, el proceso siguió su curso.

Hay que recordar que no solamente la exgobernadora Pinto se ha visto involucrada en escándalos de corrupción. Hace unos años, Colombia estallaba de rabia con los reportes diarios de los medios de comunicación por casos de mortalidad infantil en el departamento de La Guajira. Niños que morían de física hambre en ese departamento y que obligó a celebrar varios convenios para reducir esa tragedia. Los convenios se convirtieron en un foco de corrupción que dejó, diez años después, una pena que avergüenza más.

Emerson Segundo Pinto, primo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en 2011 era el secretario de salud del municipio de Albania. Fue el encargado, según la Fiscalía, de revisar los convenios que se firmaron con el Hospital San Rafael, justamente con el objetivo de “desarrollar planes de acción para reducir la mortalidad infantil, especialmente, en comunidades indígenas”.

salud fue el responsable de supervisar los convenios, elaborar y aprobar las actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y de las interventorías. Justamente con su “trabajo”, amplio en habilidad y escaso en honestidad, se avaló el pago por más de 18.990 millones de pesos que terminaron en manos de campañas electorales para llegar a la Gobernación del departamento.

“Ante la contundencia de los elementos, el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los hechos y, mediante preacuerdo, fue condenado a tres años y un mes de prisión (37 meses) por el delito de falsedad ideológica en documento público”, señaló la Fiscalía al confirmar la condena en contra del primo de Oneida Pinto, también procesada por hechos de corrupción en el departamento.

En este caso, el fallo de la Procuraduría cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.