Procuraduría abrió investigación por contratación de influenciadores en la Alcaldía de Cali

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a funcionarios por establecer de la Alcaldía de Cali por el presunto pago de más de 150 millones de pesos, para que algunos influenciadores hablen bien sobre la gestión adelantada por la administración del alcalde Jorge Iván Ospina Gómez.

“Entre los hechos que revisará el ente de control se encuentra la contratación de siete personas a las que se habría encargado mejorar la imagen de la institución, para lo que se publicarían videos que con sus mensajes impactaran positivamente y pudieran ser usados en cualquier campaña”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.

Cabe recordar que el analista político Daniel Briceño denunció el pasado sábado -22 de octubre- a través de sus redes sociales, que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, contrató a seis influenciadores para mejorar su imagen.

Con pruebas de los contratos, el estratega dijo que el mandatario se ha gastado más de 150 millones de pesos pagando influenciadores, entre ellos el tiktoker de humor Marco Lasso. Según Briceño, Lasso recibió 40,5 millones de pesos por nueve reels y 18 historias que divulgó en Instagram, en tres cuentas distintas.

“El mismo Marco Lasso firmó otro contrato por 42,3 millones para que él y otros influenciadores como ‘Negro está Claro’, ‘Cris Pasquel’ y ‘Andrés Lerma’ publicaran un total de 17 videos en Instagram mostrando la gestión de la Alcaldía de Cali”, denunció.

Además, en otro mensaje en su cuenta personal de Twitter, afirmó que la Alcaldía también contrató al influenciador Adolfo Moncada para que, por medio de sus personajes conocidos, como lettunico, una imitación de Betty la fea, creara y publicara ocho videos en un mes.

El mismo Moncada, según el analista, recibió otro contrato por 13,5 millones para publicar otros cinco videos y cuatro historias.

De otra parte, el influenciador Juan Alberto Fernández, conocido en Instagram como Jualferx, recibió un contrato por 14,4 millones de pesos por seis videos y seis historias que divulgó a través de su red social Instagram, según Briceño.

La influenciadora de fitness y nutrición Camila Ceballos obtuvo otro contrato por 14,4 millones de pesos por cuatro videos y ocho historias que divulgó en sus redes sociales.

Otro influenciador, Brandon Pérez, que es parte del listado de contratistas, recibió 6,5 millones por dos videos y un reel en Instagram, según el denunciante.

“La asociación Unidos con El Valle recibió contrato por $ 9.000.000 para que los influenciadores conocidos como ‘Los Rogelios’, ‘Valentina Serna’ y ‘Rcousing’ hicieran seis videos en redes sociales”, agregó.

Según informó Briceño, las campañas contratadas por el alcalde de Cali ya no existen en las redes sociales de los influenciadores porque los contratos son claros en que el material deberá mantenerse activo hasta ocho días en el perfil de cada contratista. Sin embargo, en una de las propuestas se puede constatar que “los videos no podrán ser dados de baja de las redes sociales por lo menos un año después de ser publicados”.

En los contratos que divulgó el analista se observa cómo se relaciona el impacto que podrían generar cada uno de los videos. De Marco Lasso, por ejemplo, se lee que tiene 397.000 seguidores en Instagram, y “el alcance de los últimos 10 posts que subió a su red social tuvieron 150.000 personas promedio”.

“La propuesta es publicar los videos tipo reel, video publicación de Instagram, o IGTV de Instagram, con duración de 30 segundos a 3 minutos, hechos por los influenciadores en su red social de Instagram para generar un impacto positivo en mensajes institucionales e información importante sobre los mismos, campaña promovida por la Alcaldía de Santiago de Cali y podrán ser usados en cualquier campaña de la entidad. Los videos no podrán ser dados de baja de las redes sociales por lo menos un año después de publicados”, se lee en la propuesta que presentó Marco Antonio Lasso Muñoz.