NACIÓN
Procuraduría formula cargos contra la exalcaldesa de Vijes, Valle, por presunta suscripción irregular
El ente de control indicó que Blanca Oliva Cardona Hincapié habría constituido reservas de apropiación en 2015 por más de $1.000 millones.
En serios problemas se encuentra la exalcaldesa de Vijes (Valle del Cauca), quien estuvo en el cargo del 2012 al 2015, Blanca Oliva Cardona Hincapié, por la presunta constitución de reservas de apropiación en 2015 por más de 1.000 millones de pesos, para concluir obras que suponían la entrega de bienes y servicios para el año 2016.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría, la Provincial de Instrucción de Cali sostuvo que como jefe de la administración municipal, la servidora pudo incurrir en un abuso de funciones al expedir un decreto en diciembre para formalizar el pago de compromisos derivados del contrato, que resultaban improcedentes por estipular un plazo de cuatro meses para su ejecución, lo que lo extendía hasta el año siguiente.
Según la entidad, Cardona Hincapié habría incurrido en falta disciplinaria “por emitir el documento sin la autorización correspondiente del Consejo Superior de Política Fiscal ni los órganos competentes para aprobar el proyecto, y en su lugar optar por una figura que resultaba improcedente de acuerdo con lo establecido por la ley”, indicó la Procuraduría.
Provisionalmente, se calificó la presunta conducta de la exfuncionaria como falta grave a título de culpa gravísima.
Lo más leído
Asimismo, la Procuraduría formuló cargos contra la alcaldesa de Andalucía (Valle del Cauca), Ellicel Arcila Posso, por su presunta responsabilidad en la contratación irregular de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el covid-19, con lo que habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría, la Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que para adelantar el proceso, que incluyó las redes de distribución del líquido en el sector Peñón Alto por más de $300 millones, se invocó la calamidad pública, con lo que al parecer se desconoció el estatuto contractual, al ser una obra que no contemplaba acciones que permitieran prevenir el contagio o los efectos del coronavirus”.
Según la entidad, Arcila Posso pudo infringir los principios de responsabilidad y moralidad al no evidenciar un proceso de planeación estructurado para la escogencia del contratista..
La entidad señaló que provisionalmente calificó la presunta falta cometida por la alcaldesa como gravísima a título de culpa gravísima.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación dieron a conocer en 2020, que 10 alcaldes tenían en ese momento órdenes de captura en su contra por posibles irregularidades en contratos destinados a atender la emergencia del coronavirus.
Los alcaldes involucrados en los supuestos actos de corrupción durante el periodo de calamidad pública por covid-19 son:
- Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
- Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
- Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
- Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
- Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
- San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
- San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
- Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
- Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
- Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
Estos funcionarios fueron juzgados por múltiples delitos en el año 2020, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados.
La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Otros alcaldes que son indiciados y debieron rendir indagatoria por irregularidades son los de: Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. 10 funcionarios más de estos municipios también fueron indagados.
Además, se hicieron 23 imputaciones y se solicitaron medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, ellos son: “La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores, de los departamentos de San Andrés Islas, Arauca y Guaviare”, anunció el Fiscal General, Francisco Barbosa.
