Nación
Procuraduría investigará presuntas irregularidades en contratos a dedo en la Secretaría de Vivienda de Cali reveladas por SEMANA
El Ministerio Público busca esclarecer de qué manera se hizo la adjudicación de los contratos por más de $ 2.000 millones de pesos a personas que trabajan como asesores en ese despacho.
Siete días después de que SEMANA revelara un nuevo escándalo de presunta corrupción en la administración del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar en la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía de Santiago de Cali.
Se trata de dos contratos por más de $ 2.000 mil millones de pesos con personas que trabajan como asesores en el despacho de la secretaria de Vivienda, Marta Liliana Hernández.
Con pruebas en la mano, entregadas a SEMANA, el abogado Élmer Montaña denunció que dos contratistas de esa Secretaría se ganaron “irregularmente” dos contratos que superan los dos mil millones de pesos.
Montaña reveló que la Secretaría de Vivienda de Cali, en cabeza de Marta Liliana Hernández Galvis, suscribió, en octubre de 2021, un contrato de prestación de servicios con Jorge Alexis Viveros Gómez, con una asignación mensual de 11 millones de pesos.
Lo más leído
“Hasta ahí, no hay nada irregular. Lo grave es que el señor Jorge Alexis Viveros aparece como representante de dos empresas: una de ellas se denomina Consorcio Vivienda para el Futuro 2021; la segunda se llama MT5 Estudios de Arquitectura S. A. S. Con esas dos empresas participó en un concurso de méritos en la misma Secretaría de Vivienda, donde prestaba sus servicios como asesor de despacho y se los ganó”, aseguró Montaña.
Según Montaña, el primer contrato por $ 740 millones de pesos se lo ganó con la empresa Consorcio Vivienda para el Futuro 2021, justo cuando estaba firmando el primer contrato de prestación de servicios en la Secretaría de Vivienda. El segundo por $ 772 millones de pesos, cuando ya era asesor de despacho con la empresa MT5 Estudios de Arquitectura S. A. S.
Pero aquí hay un detalle especial en ese segundo contrato. Dice Montaña que no lo firmó él directamente, sino que puso a firmar al suplente de su empresa, Andrés Alberto Garcés. Esa, sin duda, es una maniobra para evitar que los organismos de control y la misma ciudadanía que hace veeduría se diera cuenta de la gravedad del hecho.
“Aquí la irregularidad es mucho más grave porque la Secretaría de Vivienda firmó dos contratos de consultoría con esta Fundación, uno por un valor de 312 millones de pesos y otro por un valor de 358 millones de pesos de manera directa, a través de la modalidad de prestación de servicios, cuando debió haberlos sometido a concurso”, reveló Montaña.
Asegura el abogado que, cuando se firmó el segundo contrato de consultoría con la “Fundación la Conciencia del Amor”, ya la Secretaría de Vivienda había vinculado como asesora de despacho a Carolina Escolaro Valderrama, con un contrato de prestación de servicios por 25 millones de pesos comprendido entre enero y junio de 2022, y en julio del mismo año suscribió otro contrato por el mismo valor hasta diciembre del año 2022.
“En ambos casos se observa que asesores de la señora secretaria de Vivienda de Cali tuvieron la posibilidad de conocer a quienes estructuraron los concursos y tuvieron acceso a información privilegiada. Pero, además, ellos estaban vinculados a través de contratos de prestación de servicios. Concursaban y se ganaban los contratos que convocaba la Secretaría de Vivienda”, afirmó Montaña.
El abogado recalcó que esta es una clara violación a los principios de la contratación estatal, especialmente al principio de transparencia, pues los dos asesores participaron en mejores condiciones que los otros aspirantes.
“Esto también puede constituir una violación a las normas del derecho penal, especialmente en lo que tiene que ver con el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades que está descrito en el Código Penal”, dijo Montaña.
El abogado penalista anunció que su denuncia será enviada en los próximos días a todos los organismos de control para que se encarguen de investigar y, si es del caso, vincular penal y disciplinariamente a los implicados.
El Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada.
