Reclusas de cárcel del Valle del Cauca viven en condiciones deplorables: el agua les llega una vez al día y esperan un año por citas médicas

Una visita de cuatro días le bastó a la Defensoría del Pueblo para determinar que las mujeres recluidas en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, viven en condiciones deplorables. Son 1.013 mujeres las que enfrentan críticas condiciones, principalmente sobre el acceso a la salud y la salubridad.

“Evidenciamos insuficiencia de medicamentos para los tratamientos de pacientes crónicas, no se realizan valoraciones médicas en proporción necesaria para el número de internas del centro penitenciarios, ni cirugías pendientes, incluso, algunas mujeres llevan esperando más de un año para poder recibir los procedimientos, esto por la falta de dragoneantes disponibles para el traslado de las internas a los centros médicos”, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Además, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo evidenciaron problemas de abastecimiento de agua, líquido que solo les llega una vez al día y es turbio, y que las baterías sanitarias están en mal estado y generan olores nauseabundos.

Tras la visita, la Defensoría del Pueblo pidió que se tomen los correctivos necesarios para que las mujeres privadas de la libertad vivan en condiciones digas.

“Es evidente que en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí existe una grave vulneración de los derechos, por eso reitero mi llamado a las autoridades locales y a las autoridades penitencias y carcelarias a tomar las medidas necesarias para brindar condiciones de dignidad a esta población privada de la libertad, conforme a lo que establece la Corte Constitucional en cuenta al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia”, aseguró Camargo.

En los cuatro días que duró la visita, la Defensoría del Pueblo brindó atención en salud a 486 mujeres. Recibieron consultas de medicina general, odontología, muestras de laboratorio y entrega de medicamentos. Asimismo, 540 reclusas recibieron atención psicosocial.

La entidad también atendió y tramitó 107 quejas relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos humanos. “Vale destacar que las mujeres cuentan con escasas oportunidades de trabajo, estudio y aprovechamiento del tiempo para la redención de penas”, añadió la Defensoría del Pueblo.

Hay que recordar que semana pasada la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra varios alcaldes del país por las malas condiciones en las que viven los privados de la libertad de sus ciudades.

Entre los mandatarios investigados figura el de Cali, Jorge Iván Ospina, quien presuntamente omitió sus funciones en relación con la atención a las personas privadas de la libertad que están en estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata. Por este mismo motivo, la Procuraduría abrió investigaciones contra los alcaldes de Ibagué, Riohacha y Valledupar.

“Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades”, explicó la entidad.

En el caso de Cali, la Procuraduría encontró un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía y que los privados de libertad enfrentan duras condiciones, pues tienen problemas para recibir sus alimentos, padecen enfermedades en la piel y dificultades para recibir visitas.