VALLE DEL CAUCA
Riesgo inminente: en CAI de Tuluá, donde hay 110 presos, hubo un conato de incendio; condiciones son deplorables
La Personería de Tuluá teme una nueva tragedia carcelaria en el municipio.
No había pasado ni una semana de la tragedia en la cárcel de Tuluá –28 de junio– que dejó más de 50 muertos y este municipio estuvo cerca de vivir una nueva catástrofe penitenciaria.
SEMANA conoció que el lunes (4 de julio) en el Comando de Atención Inmediata (CAI) Aguaclara de la Policía, donde hay 110 personas recluidas de manera temporal, hubo un intento de motín y un conato de incendio.
Una de las 30 mujeres que están capturadas en este CAI prendió fuego a sus enceres al interior de su celda. Por suerte, la conflagración, que puso en riesgo a los reclusos y custodios, fue controlada a tiempo y se evitó lo que pudo ser otra tragedia.
Alertados por esta emergencia, la Personería municipal se trasladó hasta el CAI para revisar las condiciones en las que están los privados de la libertad. Los hallazgos son estremecedores.
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Los reclusos, que no deberían estar en ese lugar, sino en centros penitenciarios, se encuentran en un hacinamiento total. En promedio, en cada celda hay entre 10 y 15 presos.
Dentro del CAI hay redes empíricas de energía usadas por los presos que representan una situación de peligro. La condición sanitaria es lamentable: al interior de las celdas están ubicadas, separadas solo por una cortina, las baterías sanitarias, que son compartidas por numerosos grupos de reclusos.
Además, la seguridad también deja mucho que desear, pues, según la Personería de Tuluá, las celdas no son las adecuadas para tener a tantas personas retenidas y son fáciles de abrir.
“Las condiciones no son aptas y violan la dignidad humana. En diferentes oportunidades hemos insistido ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la necesidad de recibir a los detenidos que están en el CAI Aguaclara. Los jueces de la República han ordenado que sean internados en centros penitenciarios”, dijo José Martín Hincapié, personero delegado de derechos humanos de Tuluá.
“Este llamado que realiza el Ministerio Público es de carácter urgente ante la violación inminente de los derechos humanos de los reclusos”, aseguró la entidad en un comunicado.
La crisis carcelaria tiene en jaque a Tuluá, donde el hacinamiento y las deplorables condiciones de los capturados que esperan por ser trasladados a penitenciarias, se suman a la incertidumbre sobre el futuro de la cárcel. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Inpec sellar la parte antigua del establecimiento, zona en la que estaba ubicada el pabellón 8, donde ocurrió la tragedia que dejó más de 50 muertos y 20 heridos.
Si esto sucede, que es lo más lógico teniendo en cuenta que la estructura tiene cinco décadas de construcción y no cuenta con sistema contra incendios, el cupo carcelario de Tuluá se reduciría considerablemente. El Inpec debe presentar su respuesta a más tardar este jueves.
