Seis presuntos miembros de disidencias fueron capturados en Nariño con armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Militares

Un fiscal de la Estructura de Apoyo presentó ante un juez de La Tola (Nariño) a seis presuntos integrantes de la disidencia residual Alfonso Cano, como presuntos coautores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

“José Alberto Quiñonez, William Andrés Cometa Cometa, Luis Ángel Sanabri Borjes, Abel Castillo Quiñonez, Julián David Valdés Montes y José Diego Benavidez fueron capturados en la vereda Las Varas, zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), luego de que la lancha en la que se movilizaban fuera interceptada por infantes de Marina”, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.

En la embarcación, que fue abandonada por sus tripulantes, los uniformados hallaron cuatro escopetas, 20 proveedores para fusil, dos radios de comunicaciones, morrales de campaña, chalecos y distintivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

“Apoyados por soldados del Ejército Nacional, los infantes llegaron a una vivienda construida sobre palafitos en donde se habían refugiado los sujetos, quienes portaban 5 fusiles R-15 que lanzaron al suelo para luego salir por la puerta trasera del inmueble donde fueron capturados”, aseguraron las autoridades.

El juez les dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Ninguno aceptó cargos.

De otro lado, una difícil situación viven varias zonas del departamento de Nariño como consecuencia de la presencia de organizaciones armadas ilegales que afectan especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas.

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que señaló que debido a la acción de organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN y grupos relacionados con el narcotráfico, los habitantes de esa región se enfrentan a casos como homicidios selectivos, masacres, atentados, amenazas, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que la presencia de las disidencias de las Farc la hacen en esa región, el Comando Coordinador de Occidente: Frente 30, Frente Franco Benavides, Columna móvil Alan Rodríguez y Columna Móvil Urías Rondón. Así mismo, la Segunda Marquetalia: Bloque Occidental Alfonso Cano, Ariel Aldana, Frente Oliver Sinisterra y Frente Iván Ríos.

Mientras que por el ELN se encuentran los Frentes Comuneros del Sur y José María Becerra.

Para esa entidad, las comunidades más afectadas por esa situación de vulneración de derechos se encuentran ubicadas en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.

Advirtió que estas organizaciones armadas ilegales se encuentran en una disputa territorial por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y el cobro de extorsiones.

Igualmente, señaló que en la zona existen 22 Consejos Comunitarios y 19 resguardos indígenas del pueblo Awá, con 71.000 afrocolombianos y 9.700 indígenas de dicha comunidad.

Ante esos riesgos, la Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana 030 del 2022, en la que se llama la atención para que las autoridades nacionales y regionales tomen las medidas necesarias que permitan evitar la vulneración de derechos, en particular, la vida e integridad de los habitantes de esta zona.

En el documento se advirtió, además, que en la región del Telembí viven unas 47.000 mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas y unos 30.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estos últimos con riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales.

“La falta de presencia y gestión efectiva del Estado en la Subregión, que no se enfoca en la garantía de la seguridad humana y de protección basada en las comunidades, supone un factor de vulnerabilidad importante que motiva la presencia de grupos armados ilegales, el desarrollo de economías ilegales y múltiples formas de afectación al territorio y su población”, según la entidad.

“Estamos especialmente preocupados por los riesgos que enfrentan las comunidades de la subregión del Telembí. Este es un territorio afrocolombiano e indígena cuyos líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos corren un grave riesgo en su integridad y su vida”, aseguró el jefe de ese despacho, Carlos Camargo.

De acuerdo con esa entidad, Nariño es la región del país en la que más se han presentado homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, ya que entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2022 se registraron 25 asesinatos.