SEMANA revela el peligroso acuerdo que se rompió entre indígenas y disidentes de las Farc en Toribío, y que desató una guerra

Ellos dicen que son cuidadores de nosotros, pero son unos cobardes, no son familia, no son nada”. Con estas contundentes palabras, Francy Liliana Ascué les respondió a los criminales de las disidencias de las Farc que asesinaron el pasado sábado a su abuela Carmelina Yule. Esta veterana guardia indígena dio la vida para evitar que la estructura Dagoberto Ramos, que recibe órdenes del sanguinario Iván Mordisco, se llevara reclutado a un adolescente en zona rural de Toribío, norte del Cauca.

La valiente joven se inclinó en el ataúd de Carmelina, velada en la vereda La Bodega el pasado miércoles, y allí sentenció: “A la gente que le hizo esto les digo que son unos cobardes al dispararnos a nosotros, que no teníamos armas. Son unos simples señores que dicen ser nuestros cuidadores, pero mentiras, ellos no son familia, no estoy de acuerdo con la guerra que ellos han ocasionado contra nosotros (...). Mataron a mi abuela, pero hoy nacen muchos más guardias indígenas, ella nos encaminó a este proceso y ahora más que nunca vamos a seguir adelante. Y así nos amenacen de que si nos ven con chalecos y pañoletas de la guardia nos van a matar, pues bien puedan, vengan y mátennos a todos, pero nosotros vamos a seguir luchando”, dijo.

SEMANA visitó la zona y habló con varios líderes de la guardia indígena que hoy ven con repudio el actuar de la columna disidente Dagoberto Ramos, que opera en el nororiente del Cauca, principalmente en los municipios de Corinto, Toribío, Caloto y parte de Santander de Quilichao.

Aquellas personas, bajo la promesa de mantener su nombre en reserva, le dijeron a este medio que en 2019, luego del asesinato en esa misma zona de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro comuneros más, se hizo un pacto de no agresión con los criminales disidentes de las Farc.

“Nosotros hemos cumplido, pacificamos el territorio, sacamos a las tropas del Ejército y hubo un compromiso de desescalar la cruzada armada que ellos habían emprendido contra nosotros como organización indígena. Ellos se comprometieron a mantener un territorio en paz y a no reclutar a nuestros jóvenes, pero hoy vemos que incumplieron una vez más”.

En efecto, tras el asesinato de Carmelina Yule en medio de sendos rafagazos de fusil de varios guerrilleros liderados por alias Barbas o Zapata, cabecilla de la Dagoberto Ramos en Toribío, el asedio contra las comunidades ha sido constante.

El martes en la noche hostigaron a la caravana fúnebre que llevaba el cuerpo de la líder indígena. Horas después, el presidente de la república, Gustavo Petro, suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y aprovechó un discurso público para lanzarle pullas a Mordisco.

“Esto que lo reciba allá el tal Iván Mordisco. Era chofer de un comandante de las Farc. Las Farc hicieron la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...). Es un traqueto vestido de revolucionario”. Estas palabras fueron respondidas por Mordisco con una grave acusación contra el mandatario: “Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos”, dijo el cabecilla disidente en redes sociales.

Mientras los ataques verbales iban de un lado a otro y el futuro de la llamada paz total pende de un hilo, los indígenas les declararon la guerra a los disidentes, que nuevamente reclutaron a dos jóvenes del norte del Cauca. “Como territorio hemos solicitado a la Dagoberto Ramos la entrega inmediata de las dos menores de edad que reclutaron esta tarde (del pasado jueves)”, señaló la guardia en un corto comunicado en redes sociales.

Pero lo más grave de ese pronunciamiento fue la advertencia de mantener una disputa, casi cuerpo a cuerpo, con los guerrilleros. “Si no lo hace, mantendremos el plan candado decretado en el norte del municipio de Páez. En el transcurso de la noche convocaremos a una movilización territorial como nunca se ha visto”.

Luego, les tendieron una posible salida negociada a los criminales de Mordisco. Una especie de nuevo pacto de no agresión: “En este sentido, la Dagoberto Ramos puede aprovechar el escenario de entrega de las menores y una salida negociada a la situación o, equivocadamente, pueden caer en el error de distanciar su política del pueblo con acciones como estas (...). Estamos preparados para los dos escenarios. La comunidad en su integridad debe ser respaldada y la autonomía territorial jamás será doblegada”.

El pacto fallido

Ni en Toribío, ni en los municipios cercanos hay presencia de tropas del Ejército y mucho menos de la Policía. Así lo comprobó un equipo de SEMANA que estuvo en la zona. No hay ley, y las normas las dictan las comunidades indígenas y las disidencias. Los reporteros pudieron apreciar en el camino hacia Toribío al menos dos retenes de la comunidad.

En el primero se exige “un aporte de 5.000 pesos” para arreglar la vía, y en el otro se debe entregar un reporte detallado a la guardia indígena del porqué de la presencia en la zona. Ninguno de esos controles los ejerce el Ejército, pues la guardia indígena los sacó de la región hace más de tres años con el pretexto de que su presencia los ponía en riesgo, ya que, ante cualquier ataque con explosivo contra sus bases, los primeros perjudicados serían los civiles.

Las asonadas contra la fuerza pública fueron una constante durante varios meses e incluso hubo bloqueo de la vía Panamericana, principal paso terrestre que une al centro del país con el sur y Ecuador. Toda esa presión dio frutos y el Ejército abandonó por completo la zona. Esa decisión generó una división en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), pues no todos sus miembros estuvieron de acuerdo con la determinación de pactar paz con las disidencias a cambio de sacar a la fuerza pública.

“Aquí nadie actuó de mala fe, lo que hicimos fue pensando en el bienestar de nuestros jóvenes, mujeres y ancianos. Queríamos un territorio de paz y trabajamos por eso, sin ningún actor armado. A eso nos comprometimos con las disidencias y nosotros cumplimos”, dijo un dirigente indígena. La estructura criminal Dagoberto Ramos cumplió parcialmente con este acuerdo.

Siguieron operando entre las sombras, pero sin entrar a cascos urbanos o amedrentar a la población civil, y mucho menos reclutando jóvenes y adolescentes hasta el pasado sábado, que violaron lo pactado al entrar a la vereda La Bodega para llevarse a la fuerza a un jovencito. La respuesta de la guardia fue hacerles frente y capturar a los guerrilleros. “Muchas veces le dije a la autoridad: no saquemos a la gente, ¿qué vamos a hacer si nos disparan? Lastimosamente, tuvo que dar la vida mi abuela para que reaccionaran. No es justo que sea ella”, decía en medio del dolor Francy Liliana.

Hoy el Cauca nuevamente es un polvorín de violencia, pero con unas estructuras criminales mucho más fortalecidas, que tienen como única motivación el narcotráfico y a quienes no les temblará la mano para disparar las veces que sea necesario. Tanto los indígenas como el presidente cayeron en la trampa criminal.