Senador Motoa no cree que el Clan del Golfo tenga una voluntad real de paz: “pueden seguir engañando al Gobierno”

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, se pronunció tras el anuncio del Clan del Golfo de sumarse a las conversaciones con el Gobierno nacional para lograr una posible paz total.

“Los criminales pueden seguir engañando al Gobierno, pero no a los colombianos, ya es reiterativo que ante cualquier anuncio donde mencionan un interés de paz sin voluntad real de dejar de delinquir, el Gobierno y las Fuerzas Militares cesan actividades para combatirlos. Ya lo hemos visto con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con las disidencias de las Farc y hoy podría suceder con el Clan del Golfo”, aseguró Motoa.

El Senado recordó, además, que en este momento el Clan del Golfo ha provocado cientos de desplazamientos en Buenaventura, Valle del Cauca. “Mientras tanto los colombianos en los territorios siguen sufriendo las consecuencias del terrorismo del narcotráfico de secuestros, de extorsión, de asesinatos y el Gobierno y las Fuerzas Militares cesan actividades”, concluyó el congresista.

Anuncio del Clan del Golfo

Por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) anunciaron que están interesados en sumarse al proyecto de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

“Después de un consenso unificado entre el Estado mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones, y de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”, aseguraron.

Según dijeron, lo hacen porque están atendiendo el llamado del Gobierno nacional a la ‘paz total’ como una política de Estado y que están dispuestos a sumarse a las negociaciones “que haya lugar” bajo los estándares de la Constitución Política y tratados internacionales.

“Por lo tanto, están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa y/o indirecta con la ‘paz total’”, afirmaron, haciendo referencia a los abogados. Además, aclararon que ninguno de ellos pertenece ni han pertenecido a las AGC ni a ningún bloque del Estado mayor.

“La designación se hace de buena fe y con el ánimo de contribuir a la paz de Colombia”, señalaron.

Cabe recordar que hace pocos días fue asesinado Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los máximos cabecillas de ese grupo criminal. El líder de la organización recibió 13 disparos en el cuerpo, el rostro fue completamente desfigurado y el cadáver fue abandonado en medio de una carretera, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia.

Por su parte, el máximo líder de esa organización criminal, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro había anunciado el 31 de diciembre un cese al fuego con cinco organizaciones armadas ilegales, entre ellas las AGC. También mencionó a la guerrilla del ELN con la cual se adelantan negociaciones, pero ese grupo armado desmintió al mandatario.

A pesar de ese anuncio se han venido registrando hechos violentos por este grupo armado. En los últimos días, por ejemplo, 40 empleados de una empresa minera fueron secuestrados en Antioquia por miembros de esa organización criminal, según confirmaron fuentes del Ejército Nacional.

El secuestro habría estado enmarcada en el paro que se adelanta en esta subregión, con el fin de rechazar los operativos que hace la fuerza pública contra la minería ilegal. En particular, hombres del Clan del Golfo son señalados de protagonizar esta emergencia.

Sumado a esto, en el mes pasado también se registró una violenta represalia del Clan del Golfo contra miembros de la Fiscalía luego de que ese organismo se negara a levantar las órdenes de captura contra los cabecillas de esa guerrilla.

Según la información compartida por la Fiscalía, 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y a otra funcionaria de un juzgado de Tarazá. Las víctimas se desplazaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia (Antioquia).