Una bodega en el norte de Cali será el nuevo lugar para detenidos que están hacinados en estaciones de Policía

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Zúñiga, y el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, realizaron varios recorridos por los establecimientos penitenciarios de Cali y Jamundí (Valle del Cauca).

Según indicaron, esta acción se realizó con el objetivo de analizar la situación carcelaria planteando acciones que se puedan adelantar desde el Gobierno nacional y local para mejorar las condiciones de reclusión de los privados de la libertad, sobre todo para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho viene haciendo una serie de visitas a diferentes municipios especialmente importantes para el desarrollo del país. Por esta razón, hemos venido a Cali para revisar el tema de la política criminal y penitenciaria y ver cómo se pueden abordar las iniciativas de justicia en la región”, manifestó el viceministro Zúñiga.

El funcionario aseveró que desde el organismo nacional de Justicia existe el compromiso de trabajar mancomunadamente con las autoridades municipales para generar proyectos que mejoren el acceso a la justicia de la población víctima, disminuir la problemática de hacinamiento de los centros penitenciarios y atender integralmente a los jóvenes que estén en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes.

De acuerdo con Dranguet, durante la visita del Ministerio de Justicia se acordaron tres acciones para ejecutar en el mediano plazo, y así mejorar las condiciones de los jóvenes recluidos en los Centros de Atención Especializada (CAE).

Según informó, la primera tiene que ver con la implementación de bibliotecas en los CAE del Valle de Lili y el Buen Pastor, que formarían parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. Segundo, van a promover la creación de huertas urbanas en estos espacios para que los jóvenes puedan resarcir el daño que han hecho, generando productos bien sea para su autoconsumo o para beneficiar a otras poblaciones.

“Tercero, queremos sumarnos a trabajar con la ley que les brinda beneficios a las madres comunitarias privadas de la libertad; permitirles a estas cabezas de hogar que puedan cumplir parte de su pena trabajando y aportando a la sociedad que, de una u otra manera, dañaron con la comisión de delitos”, sostuvo.

Respecto a la problemática del hacinamiento en las estaciones de policía, el funcionario indicó que el Distrito ya cuenta con un espacio donde esperan albergar este año a cerca de mil personas privadas de la libertad en condición de sindicadas.

Se trata de una bodega ubicada en el norte de la ciudad, la cual próximamente entraría en un proceso de adecuación basado en las instrucciones y directrices que establece el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para recluir sindicados.

Según Dranguet, la idea para 2023 es trasladar a este nuevo espacio de reclusión transitorio a la mayor cantidad de personas privadas de la libertad y dejar para la próxima vigencia todo listo para que la totalidad de los sindicados sean recluidos en este lugar.

De esta manera, se descongestionarían las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata, con el propósito de liberar la capacidad reactiva de los uniformados como corresponde al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes.

Cabe recordar que tras la masiva fuga de presos registrada el pasado martes en el Centro de Aislamiento Transitorio (CAT) de San Nicolás, en pleno centro de Cali, una comitiva de la Defensoría del Pueblo visitó el reclusorio.

Un recorrido por las instalaciones del reclusorio le permitió a la Defensoría del Pueblo asegurar que son inadecuadas en aspectos esenciales.

“Encontramos que los espacios siguen siendo inadecuados para dormir, problemas de salud, alto riesgo de propagación de enfermedades y problemas en la entrega y preparación de los alimentos”, señaló el ente. En ese sentido, pidió tomar medidas urgentes para evitar una tragedia.

A estos problemas se suma la sobrepoblación que hay en el reclusorio, que cuenta con capacidad para 130 personas, pero está ocupado por 480. Es decir, tiene un hacinamiento del 269 %.

Las conclusiones de la Defensoría del Pueblo contradicen las afirmaciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón, quien dijo que este CAT podía albergar hasta 450 reclusos y que al momento de la fuga había más de 500.

“En el acondicionamiento que se hace hay 517. En los últimos días hemos sacado alrededor de 100 entre sindicados y condenados para otros sitios; los condenados han sido llevados para cárceles como Jamundí y Tuluá, e incluso para Bogotá”, indicó.