NACIÓN
A la cárcel, hombre que tenía 90 kg de marihuana en una vivienda; al parecer, era vendida cerca de colegios en Cartagena
Los hechos investigados acontecieron el pasado 27 de septiembre, en una vivienda del barrio Los Ángeles de Cartagena.
Como José Alberto Zúñiga Babilonia fue identificado el posible responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, según la imputación de cargos de la Fiscalía General de la Nación.
La contundencia del material probatorio aportado al ente acusador permitió que el procesado fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos investigados acontecieron el pasado 27 de septiembre, cuando en una vivienda del barrio Los Ángeles, de la capital de Bolívar, uniformados de la Policía Nacional, además de capturar al procesado, incautaron 90 kilos de marihuana.
Al parecer, la sustancia ilegal sería distribuida en entornos escolares y sectores de la ciudad. Zúñiga Babilonia negó su responsabilidad en los hechos.
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Otras imputaciones
Por petición de una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional de Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jonbeiro Orozco Córdoba, quien junto a otra persona habría causado la muerte de un hombre en Cartagena.
Los hechos se registraron el pasado 18 de septiembre a las afueras de un establecimiento nocturno, ubicado en el barrio El Pozón. Según evidenció el ente acusador, el crimen se cometió durante una riña porque la víctima no dejó que el procesado y su amigo ingresaran licor al lugar.
Ante dicha negativa, los dos hombres se retiraron y regresaron minutos después con un arma de fuego que supuestamente Orozco Córdoba le facilitó a su compañero. Al parecer, este habría disparado contra el comerciante de 29 años.
Ciudadanos que presenciaron el hecho detuvieron al hoy procesado, el otro hombre logró huir. El ente acusador le imputó a Orozco Córdoba los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Otros hechos en Cartagena
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes ubicados en Cartagena que, al parecer, habrían estado al servicio de una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.
Se trata de un inmueble urbano, dos sociedades y cinco establecimientos de comercio avaluados en más de 1.255 millones de pesos. Las propiedades afectadas pertenecerían a dos presuntas organizaciones criminales, conocidas como Los Caleños y El Amparo, que delinquían en la capital de Bolívar y fueron desarticuladas el pasado mes de abril.
El operativo se llevó a cabo el pasado mes de abril, cuando la Policía Nacional, liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Alcaldía Distrital de Cartagena, propinó un fuerte golpe a los crímenes sexuales en la capital de Bolívar.
“En esa operación se logró la captura de 11 personas y se pudo establecer que en un uno de los establecimientos de lenocinio tenían a una menor de 15 años, quien era víctima de explotación sexual, evidenciando así el modus operandi de estas organizaciones criminales cuya finalidad era ofrecer servicios sexuales de mujeres, que eran obligadas a pernoctar en estos lugares”, explicó la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades, esas personas se encargaban de conseguir mujeres colombianas y de nacionalidad extranjera para explotarlas sexualmente, con el fin de obtener beneficios económicos en establecimientos comerciales que también eran utilizados para el consumo de estupefacientes por sus clientes.
Además, según la Fiscalía, las víctimas ejercían actividades sexuales en medio del constreñimiento y otras condiciones crueles y degradantes.
Las investigaciones adelantadas por los funcionarios judiciales dan cuenta de que dichas organizaciones ilegales entregaban documentos falsos a las víctimas adolescentes para hacerlas pasar como mujeres adultas y así intentar evadir los registros de las autoridades. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
