Foro Colombia
Abusos con precios en Cartagena alejan el turismo. ¿Qué está haciendo el nuevo alcalde?
Dumek Turbay llegó pisando duro para recuperar la confianza de los turistas en La Heroica. Para combatir estafas y abusos, promulgó un decreto que establece, entre otras, la obligación de informar precios finales en pesos colombianos. No se pierda su intervención este 23 de enero en el Gran Foro Colombia: ¿para dónde va el país?
Cartagena ha estado en el ojo del huracán por los constantes abusos reportados por los turistas que, a la hora de pagar por productos y servicios en playas y restaurantes de La Heroica, han visto cuentas que ascienden a varios millones de pesos por un almuerzo con mojarra, un peinado con trenzas, una limonada de coco, el alquiler de un kiosko o, como en un reciente caso, un paseo de una hora en coche por la zona amurallada, por el que le cobraron a una turista canadiense cerca de 22 millones de pesos.
Desde que estaba en campaña, el alcalde Dumek Turbay anunció que acabaría con los abusos que desestimulan el turismo en esta ciudad caribeña y aseguró que a los responsables de estas estafas les caería todo el peso de la ley con las sanciones que correspondan.
De hecho, uno de los primeros actos del alcalde Turbay, una vez posesionado, fue emitir el Decreto 003 del primero de enero de 2024, en el que se establecen medidas para la “recuperación del turismo de calidad”.
Este decreto, además de propender por la recuperación del orden del Centro Histórico de Cartagena, busca ponerle freno a la ola de estafas y abusos que vienen vulnerando los derechos de turistas nacionales y extranjeros.
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Según el decreto, “el proveedor o establecimiento o prestador de servicios está obligado a informar al consumidor, en pesos colombianos, el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado”.
Además, la Ley 1480 de 2011 dice que en el evento de que aparezcan dos o más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, “el consumidor solo estará obligado al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
También, en la primera semana de su mandato, Turbay les ofreció una disculpa pública, en nombre de toda la ciudad turística y cada uno de sus habitantes, a los turistas argentinos Gustavo Daniel Hugo y Leticia Troncoso, quienes habrían sido estafados con elevados precios en servicios de playa.
En la red social X, el mandatario subió un video dando cuenta del evento de desagravio a los turistas. “Estamos comprometidos en frenar los abusos y que Cartagena sea un destino seguro y sostenible. ¡Los esperamos de nuevo en Cartagena!”, escribió el alcalde.
Hoy me reuní con Gustavo Daniel Hugo y su esposa Leticia Troncoso, en un acto inédito de desagravio con un grupo de turistas afectados por abusos de precios en Cholón.
— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 6, 2024
También hablé por videollamada con Andrés Ochoa Silva quien resultó afectado en el mismo caso. Estamos… pic.twitter.com/znqPj5S07A
Otras medidas
El decreto también tiene el propósito de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual infantil. Para ello, contempla medidas como la suspensión, en áreas del espacio público del Centro Histórico, del ejercicio de la prostitución, prohíbe la venta o promoción de servicios sexuales en la ciudad e impide la promoción de actividades turísticas a través de imágenes, enlace, textos, documentos o archivos audiovisuales “que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales en el Centro Histórico de Cartagena”.
La nueva norma también restringe la presencia de niños, niñas y adolescentes, menores de 16 años, en el Centro Histórico de Cartagena, después de las 20:00 horas, “a excepción de aquellos que se encuentren en compañía de sus padres o tutores legales. Los padres o tutores que acompañen a los niños y niñas serán responsables de su cuidado y comportamiento”, dice el acto administrativo.
En la implementación de esta medida se contará con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio Público, con el fin de determinar que su cumplimiento no atente contra los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.