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Alcalde de Cartagena, William Dau, deberá responder ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en pruebas covid-19
La empresa contratada al parecer no contaba con la disponibilidad de pruebas requeridas.
La Procuraduría profirió este martes cargos al alcalde de Cartagena, William Dau, por presuntas irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico del covid-19.
Los cargos también se dictaron contra el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) en 2020, Álvaro José Fortich Revollo. Esta decisión se tomó, puesto que al parecer habrían contratado una empresa sin la capacidad para suministrar las pruebas.
El órgano de control indicó que al parecer la administración seleccionó a la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda. sin que tuviera la capacidad para suministrar los kits, pues no contaba con la disponibilidad de pruebas requeridas, situación que ocasionó que la alcaldía declarara el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de 725 millones de pesos.
Para el Ministerio Público, la falta de idoneidad del contratista “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 008 de 2020, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”.
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La Procuraduría agregó que la empresa al parecer no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la comercialización de pruebas rápidas y, además, los precios unitarios de los kits ofrecidos eran mayores a los ofrecidos por laboratorios acreditados y reconocidos, con experiencia en el suministro de pruebas rápidas.
En el caso de Fortich Revollo, el órgano de control indicó que al parecer fue quien elaboró el documento que justificó la selección del proveedor, sin aparentemente verificar su idoneidad para ejecutar el contrato.
Además, al parecer, la justificación incluida en la carpeta del contrato tenía relación con uno diferente, que trataba sobre el suministro de insumos sanitarios y de protección, prevención y reducción de riesgos ante el covid-19.
Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia, y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Otros procesos contra Dau
El alcalde de Cartagena, William Dau, y la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno Álvarez, se encontraban en el ojo del huracán que el excontralor distrital Rafael Castillo Fortich encontró y denunció una supuesta malversación de contratos.
Las investigaciones que realizó la Contraloría correspondían a la supuesta malversación de 1.074 millones de pesos por el pago de gastos de representación a funcionarios por sus labores en la administración.
La solicitud de investigación se hizo tras una denuncia presentada por un ciudadano identificado como Álvaro Ganem Issa, quien manifestó encontrar irregularidades en los contratos que compraron y aplicaron las pruebas rápidas del nuevo coronavirus, al principio de la pandemia. Según el contralor distrital, el contrato habría generado un detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos.
Posteriormente, el ciudadano Ganem Issa desmintió haber ejecutado tal denuncia. El abogado defensor del mandatario distrital aseguró que no hubo detrimento.
Andrés Rojas, abogado del alcalde y del exfuncionario Adelfo Doria, indicó que las medidas cautelares (los embargos) no están llamadas a prosperar, ya que, como se expuso en los descargos del proceso, el daño patrimonial no se encuentra debidamente demostrado por la Contraloría. Por tanto, las medidas cautelares se hacen improcedentes, y por lo mismo, se solicitó el archivo del proceso.
En la mañana del pasado martes 13 de septiembre, la Alcaldía reveló la decisión tomada por el ente de control que definía si el mandatario sería o no suspendido. En medio del anuncio, el abogado defensor, Iván Acuña, dio a conocer que la Contraloría levantó la medida.
