Alerta ambiental: Procuraduría exige acciones inmediatas por vertimientos tóxicos en riesgo de llegar a bahía de Cartagena

La lupa del cuidado del medioambiente reposa sobre la bahía de Cartagena por vertimientos tóxicos que tienen en riesgo ese espacio natural. Dada la situación, la Procuraduría General de la Nación se ha manifestado con vehemencia a fin de alertar a la comunidad y exigir acciones inmediatas a las partes responsables.

El llamado de atención del ente de control se extendió al Alcalde Distrital de Cartagena, a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, al Cuerpo de Bomberos de la ciudad y a la Autoridad Ambiental Urbana -EPA Cartagena. La solicitud inicial es la coordinación e implementación de acciones urgentes para evitar que sustancias oleosas vertidas en el canal Policarpa, lleguen hasta la Bahía de Cartagena.

Las organizaciones medioambientales han dejado claro el impacto negativo del derrame de sustancias tóxicas en el mar. Cabe mencionar que una de las consecuencias que esto podría tener es el aumento en los niveles de contaminación, el cual causa daños en los sistemas de reproducción y alimentación de las especies.

Esto ocurre cuando compañías de operación industrial vierten sus desechos en regiones cercanas a los cuerpos de agua sin las precauciones necesarias. De hecho, en algunos casos pasa en empresas que están laborando sin los permisos requeridos o que no siguen los procesos indicados por las entidades reguladoras.

Dado el caso presente en la capital de Bolívar, el Ministerio Público llamó a las autoridades distritales a liderar las acciones de coordinación y articulación. Además, instó a los involucrados del sector privado a informar las acciones realizadas para la recolección del material vertido y “remitir el plan de acción para evitar que la gran mancha llegue al cuerpo de agua”.

Con el panorama anterior ocurriendo, los organismos de control rememoraron lo sucedido en 2013. Y es que hace exactamente 10 años, la empresa Carman International tuvo manejos irregulares en sus procedimientos, los cuales resultaron en un derrame de sustancias oleosas que ocasionó una emergencia ambiental.

En ese momento, las autoridades encargadas no pudieron actuar a tiempo, por lo que los riesgos aumentaron su impacto y las consecuencias fueron en proporciones lamentables.

Actualmente, la Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena es la oficina encargada de supervisar las acciones. El despacho ya se encargó de enviar una copia de la comunicación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a la Capitanía de Puerto de Cartagena, a CARDIQUE y a las Empresas y operadores Portuarios de la Bahía.

Ya habían sancionado a Cartagena recientemente por un caso similar

Recientemente, hace tres meses, se reportó un caso similar en ‘La Heroica’. En ese momento, la Procuraduría denunció que el liderazgo local en Cartagena no adoptó las medidas necesarias y las consecuencias fueron negativas.

De hecho, el seguimiento y verificación de la Procuraduría a las denuncias recibidas por presuntas infracciones y acciones de contaminación a la Bahía, dio como resultado que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique-, declarara al Distrito responsable de realizar vertimientos de aguas residuales domésticas, desde el predio donde opera el cuerpo de Bomberos de Cartagena, a este recurso.

El ente de control precisó que, a pesar de los requerimientos realizados al Distrito de Cartagena para que cesara el vertimiento proveniente de una poza séptica, “no se adoptaron las medidas necesarias”, por lo que la Procuradora 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios, radicó formalmente la queja ante –Cardique-, para que la autoridad ambiental adelantara los procesos de su competencia.

“Después de adelantar el trámite del proceso sancionatorio, la citada autoridad ambiental declaró responsable al Distrito de Cartagena de realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a la Bahía de Cartagena, sin contar con permisos correspondientes e imponiendo al ente territorial una multa de $615.063.985,65″; señala la Procuraduría.