Almacén Jon Sonen en Cartagena fue sellado por el Ministerio del Trabajo tras denuncias de una exempleada

El día de ayer -lunes 28 de noviembre-, una mujer se presentó en el local de una exclusiva tienda de ropa, ubicada en el centro comercial La Serrezuela, en Cartagena, para hablar con el administrador sobre el pago de su liquidación, porque entre 2019 y 2020 estuvo laborando allí, pero a la fecha no ha recibido el incentivo.

A raíz del incumplimiento y vulneración de sus derechos laborales por parte de la empresa, la mujer decidió hacer pública su denuncia. De hecho, cuando se encontraba en el almacén, luego de una acalorada discusión, fue sacada del recinto esposada por la fuerza pública.

Esto quedó registrado en un vídeo que llegó a manos del Ministerio del Trabajo (minTrabajo) y hasta al presidente de la república, Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter, expresó la molestia que le generó el caso.

Inmediatamente, el hecho comenzó a ser investigado por funcionarios de minTrabajo, quienes en la mañana de este martes, llegaron hasta las instalaciones de la tienda Jon Sonen y la sellaron de manera indefinida.

Esta decisión fue tomada, luego de la denuncia pública realizada por Norelys Álvarez a través del medio digital local El Bolivarense.

¿Cuánto deberá pagar Jon Sonen a la afectada?

Si bien la mujer abrió el proceso legal en septiembre de 2022, según el material probatorio de acuerdo con el juez Laboral, entre la liquidación, prestaciones sociales definitivas, vacaciones y la indemnización, la cifra asciende los 20 millones de pesos colombianos.

Los hechos

Wendy Norelys Álvarez Sarmiento es una mujer de nacionalidad Venezolana, quien trabajó para la reconocida tienda de ropa Jon Sonen desde el pasado 17 de abril del 2019.

Según el relato de la afectada, mientras se encontraba trabajando en la empresa quedó en estado de embarazo y, al realizarse su primer control médico se dio cuenta de que no estaba afiliada a EPS, ni seguridad social, esto ocurrió en el año 2019. Tras no contar con seguro médico, no podía asistir a citas de control, por esta razón Norelys solicitó a la empresa el pago de citas particulares.

Álvarez explicó que al quinto mes de embarazo se encontraba efectuando sus labores habituales en el lugar de trabajo cuando presentó las primeras contracciones. Inmediatamente, recibió primeros auxilios, quienes sugirieron ir a urgencias, ya que los síntomas representaban un peligro para ella y para el bebé.

A pesar del riesgo en que se encontraba, Wendy Norelys no pudo acercarse a ningún centro asistencial, pues no contaba con la seguridad social o el Sisben. Ante esta situación, decidió tomar acciones legales y se dirigió a la Defensoría del Pueblo, donde instauró una tutela cuyo fallo fue a su favor, en ese momento, Jon Sonen la afilió a la EPS.

Meses más tarde, luego del nacimiento del bebé, según la mujer, la empresa no realizo el pago de la licencia de maternidad, por esta razón instauró una nueva acción de tutela, y al momento de reincorporarse a sus labores, fue enviada a un periodo de vacaciones.

Nuevamente, al volver a su lugar de trabajo, se encuentra con que había sido trasladada a la ciudad de Yopal, Casanare. No obstante, Norelys no aceptó el traslado, por lo cual la empresa tomó la decisión de despedirla.

A pesar de justificar su negativa de traslado, fue citada a audiencia de descargo, y el día 20 de octubre fue despedida, sin que mediara una justa causa. Hasta la fecha, la empresa no le ha cancelado la liquidación, por lo cual decidió iniciar nuevamente un proceso legal en septiembre de 2022.