NACIÓN
Cae red de trata de personas en Cartagena: ciudadanos de la comunidad LGBTIQ+ eran obligados a prostituirse
Mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa eran sometidas a ejercer la prostitución pagando el 60 % por cliente a la estructura.
El más reciente operativo de la Policía Nacional, liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Alcaldía Distrital de Cartagena, propinó un fuerte golpe a los crímenes sexuales en la capital de Bolívar.
De acuerdo al informe entrado por la Metropolitana de Cartagena, las autoridades desplegaron acciones de intervención en diferentes sectores de la ciudad, para impactar estructuras y actores criminales que vienen afectando la seguridad, tranquilidad y vida de los cartageneros.
En medio del operativo fue desarticulada una estructura criminal de trata de personas, donde capturaron a 11 personas que presuntamente harían parte de esta y eran requeridos judicialmente por los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, proxenetismo con menor de 18 años, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, falsedad en documento público y falsedad personal.
La investigación
En cuatro meses de proceso investigativo, se determinó que esta estructura criminal generaba control territorial delictivo en la zona histórica (torre del reloj) de la ciudad de Cartagena, donde mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, eran sometidos a ejercer la prostitución pagando el 60 % por cliente a la estructura.
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Además, estas personas también serían obligadas a vender sustancias estupefacientes y escopolaminar a clientes (extranjeros) para ser objeto de hurto por otros miembros de la estructura; así, en el proceso investigativo se logran identificar 8 víctimas de las cuales 2 son mujeres transgénero.
‘Modus operandi’
Los resultados de la investigación dieron a conocer que muchas de las mujeres traídas a esta red eran de la ciudad de Barranquilla para, presuntamente, ser explotadas sexualmente en la ciudad de Cartagena.
Los líderes de la red habrían facilitado documentos falsos a mujeres extranjeras y menores para el ingreso a hoteles y ejercicio de la prostitución; en otra modalidad, arrendaban apartamentos donde eran obligadas a prestar servicios sexuales sin ningún beneficio.
En este proceso, otras tres personas que también fueron capturadas por otros delitos, serán imputadas, al ser parte de esta estructura criminal.
Otros golpes a la delincuencia
Por otro lado, en cuanto a la protección a los bienes y el patrimonio, lograron la recuperación de ocho vehículos hurtados en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y el municipio del Carmen de Bolívar; también tres motocicletas hurtadas en la ciudad de Cartagena, la incautación de dos vehículos con placas y documentos falsos y la captura de tres personas por el delito de falsedad marcaria.
En cuanto a la protección a la salud pública, intervinieron a través de diligencias de allanamiento: cuatro inmuebles usados como expendios de estupefacientes, donde se capturaron en flagrancia cuatro personas por el delito de tráfico de estupefaciente y la incautación de 1.000 dosis de cocaína, 660 dosis de base de coca, 500 dosis de marihuana y un arma de fuego (revólver calibre 38).
En otros operativos, capturaron a tres sujetos vinculados en 14 hechos de homicidio, siendo requeridos penalmente por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio; así mismo, la incautación de 02 armas de fuego (02 pistolas 9 mm).
Docentes capturados por corrupción
“En la lucha anticorrupción se materializaron siete capturas dentro de las cuales se destacan tres Rectores de instituciones Educativas Públicas (Institución educativa Bayunca, San Felipe Neri y Luis Carlos Galán Sarmiento) el asesor jurídico de estas instituciones y tres contratistas; requeridos por los delitos de Peculado por apropiación, Falsedad ideológica en documento privado y Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, indicó la Policía.
Las autoridades establecieron que las instituciones educativas en cabeza de sus rectores, suscribieron nueve contratos con personal sin idoneidad ni capacidad; un contrato para mantenimiento de instalaciones y 11 contratos para la elaboración de cartillas educativas en pandemia del covid-19, de las cuales realizaron fraccionamiento de contratos para su ejecución, sin la entrega de estas.
El reporte indica que los contratos fueron ejecutados por las parejas sentimentales y personas que prestaron su nombre para la materialización de los mismos, donde presentaron documentación falsa frente a cámaras comercio, pago de seguridad social, acreditación de experiencia, entre otros, para la adjudicación de los contratos, con un detrimento patrimonial de $ 500.000.000 millones.
