Defensoría emite alerta por expansión del Clan del Golfo en cuatro municipios; ofrecen “salarios” a jóvenes para que ingresen a sus filas

La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 021 de 2023 debido al inminente riesgo que enfrentan las comunidades de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando, en el centro del departamento de Bolívar, por la presencia y acciones expansivas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se han identificado presiones y restricciones impuestas por el Clan del Golfo contra la comunidad, incluyendo la imposición de “normas de conducta” y amenazas contra líderes sociales y comunitarios. Además, se han registrado homicidios selectivos en estos cuatro municipios.

El Clan del Golfo, según el defensor Camargo, realiza patrullajes en las zonas rurales y corregimientos de estos municipios, limitando el derecho a la libre movilidad de los habitantes. También imponen horarios de cierre para el comercio, entre las 6 p. m. y las 7 p. m.

La expansión territorial y el control social ejercido por los miembros del Clan del Golfo incluye la oferta de salarios de 1.500.000 de pesos a jóvenes para reclutarlos en sus filas. Además, las mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran en riesgo de ser utilizadas con fines sexuales.

La Alerta Temprana también destaca la extorsión a comerciantes de la zona, quienes son obligados a pagar “impuestos” ilegales. Asimismo, se han reportado exigencias económicas a docentes, servidores públicos y contratistas encargados de obras de infraestructura, lo que en algunos casos ha llevado a la suspensión de dichas obras.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo ha instado a tomar medidas urgentes para prevenir y proteger de manera integral a las comunidades afectadas. Asimismo, hizo un llamado a brindar atención humanitaria que garantice los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

“Se deben adoptar medidas urgentes que prevengan y protejan de manera integral a las comunidades; además, se debe adelantar la atención humanitaria en favor de las comunidades, garantizando los derechos humanos y el respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario”, fue el llamado del defensor Camargo.

Defensoría pide garantías electorales en el sur de Bolívar

Durante la VI Comisión de Seguimiento Electoral, llevada a cabo en el municipio de Achí, la Regional Sur Bolívar de la Defensoría del Pueblo hizo un llamado enfático a garantizar la seguridad durante los próximos comicios que se celebrarán en octubre próximo.

La Defensoría del Pueblo hizo hincapié en la importancia de articular acciones interinstitucionales para garantizar unas elecciones seguras y transparentes el próximo 29 de octubre. Se enfatizó en la necesidad de que el Estado, a través de sus diversas entidades, brinde las garantías necesarias a las comunidades de esta subregión para que puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidas.

En esta reunión estuvieron presentes representantes del Ministerio del Interior, la Gobernación de Bolívar, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría, alcaldes del sur de Bolívar, ciudadanía, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, la Defensoría del Pueblo reiteró la existencia de las alertas vigentes, en particular la Alerta 021 de 2023, que se emitió recientemente. Esta alerta tiene incidencia en los municipios de Hatillo de Loba, Margarita, Mompox y San Fernando, sur del departamento de Bolívar. En ella se advirtió sobre el riesgo generado por las actividades y la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Además, se destacó que los aspirantes a cargos de elección popular están entre los grupos poblacionales afectados por esta situación.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades y la ciudadanía para garantizar elecciones libres de violencia y presiones en esta región del país. Por eso, reafirmó que es fundamental que se tomen medidas efectivas para salvaguardar la integridad de los candidatos así como de los votantes, ante posibles hechos de constreñimiento.