NACIÓN
Edificio Aquarela en Cartagena: ¿será o no demolido? Apelaron el fallo del juez
Desde la Alcaldía de Cartagena, William Dau también informó que el Distrito apelará la decisión tomada por el juez.
El pasado 31 de marzo el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena ordenó, tras varios años de polémica, finalmente la demolición del edificio Aquarela en Cartagena.
El proyecto está ubicado apenas a 200 metros del Castillo de San Felipe y por años, desde 2017, se discutió la legitimidad de su construcción en la zona.
De acuerdo con la sentencia del caso interpuesta por el ministerio, se declaró la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
En la decisión otorgaron un plazo de 3 meses para realizar los estudios que permitan establecer el método más adecuado y seguro para realizar la demolición y se ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes del cual deberá hacer parte la Agencia.
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En la otra cara de la moneda se encuentra el equipo jurídico de la edificación, pues Gilma Úsuga, vocera de Aquarela, manifestó que tras la decisión del Juzgado y analizar el escenario, presentaron una apelación al fallo.
En el documento de apelación, destacaron tres puntos: Espacio público, Patrimonio cultural y Licencias de construcción en el marco de la legalidad.
Espacio público
En el recurso de apelación, los abogados de la constructora reiteraron la inexistencia de vulneración y/o amenaza a los derechos colectivos, pues las decisiones adoptadas en el proceso policivo que ordena a la constructora la restitución de 24 m² de superficie (619 m² en vertical) se encuentran falsamente motivadas, por lo que ese fallo se encuentra demandado y en adición, la ocupación de espacio público no fue objeto de debate en este proceso (Acción Popular).
Finalmente, y aunque dicha supuesta ocupación ilegal no es cierta, la constructora no se ha sustraído del cumplimiento de las órdenes policivas.
Patrimonio cultural
En la apelación destacan la omisión de las pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demuestran la ausencia de afectación al valor universal excepcional del bien, y que no fueron tenidas en cuenta en la decisión. Por el contrario, se valoraron pruebas no idóneas para demostrar una supuesta afectación al Castillo San Felipe.
Licencias de construcción en el marco de la legalidad
En la apelación, también reiteran la legalidad de las licencias de construcción, que fueron obtenidas de acuerdo con las normas vigentes para la época, y que incluye el plan de ordenamiento territorial y sus circulares modificatorias, así como la reglamentación patrimonial de Cartagena que en su momento excluía al inmueble de la zona de influencia del Castillo de San Felipe.
Igualmente, desde la Alcaldía de Cartagena, William Dau informó que el Distrito envió una solicitud de aclaración y adición de la sentencia que ordena la demolición del edificio Aquarela.
“Esta aclaración o los recursos que se presenten no afectan el cumplimiento de la orden de demolición dada por la Inspección de Policía, ni el convenio tripartito”, indicó la Alcaldía.
¿Por qué piden la demolición?
El edificio Aquarela, ubicado en inmediaciones del Castillo San Felipe de Barajas, tendrá que ser demolido en un plazo máximo de tres meses. Así lo ordenó el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena.
De acuerdo con el ministerio de Cultura, la edificación se comenzó a construir en un área no permitida y afectaba la declaración de La Heroica como Patrimonio de la Humanidad.
En la decisión del juez es claro que con la construcción del edificio Aquarela se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
También se declaró que los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, se encuentran actualmente amenazados por el desarrollo del proyecto inmobiliario Aquarela.
“Desde la Agencia estaremos muy atentos al cumplimiento de esta orden y a que se pueda restituir ese espacio público, ese entorno cultural y ese derecho que tienen todos los colombianos al patrimonio, que es tan importante y reconocido por la humanidad”, concluyó la directora general de la Agencia, Martha Lucía Zamora.
