NACIÓN
Envían a la cárcel a funcionario de la Fiscalía en Bolívar por supuesto fraude
Al parecer, el exfuncionario habría abusado de su cargo y realizó funciones que legalmente no le correspondían.
Como Darwin Javier Cardona Pérez fue identificado el funcionario de la Fiscalía en Bolívar, que fue judicializado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena.
Cardona es acusado de ser responsable en los delitos de abuso de función pública, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad material en documento público agravado.
Los hechos ocurrieron desde el 2016 hasta el 2019, cuando el servidor público, al parecer, abusando de su cargo realizó funciones que legalmente no le correspondían al interior de varios despachos de la Fiscalía donde laboró.
La presunta corrupción
Dentro de las supuestas irregularidades cometidas por Cardona Pérez, el ente acusador recopiló material de prueba que muestra que, en su calidad de asistente, habría elaborado documentos para entregar vehículos que se encontraban retenidos por delitos culposos, trámite que es exclusivo de los jueces de control de garantías y en algunos casos excepcionales de los fiscales.
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Igualmente, se investiga si el procesado indujo en error al pagador de nómina de la Fiscalía de Cartagena, toda vez que le aportó unos oficios falsos para que este hiciera unos actos administrativos que le permitieron el desembargo de su cuenta por tres procesos ejecutivos que tenía en su contra.
Durante las audiencias concentradas, el funcionario no aceptó su responsabilidad en los cargos que le imputó el ente acusador. Por su parte, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Otras personas capturadas por corrupción
El pasado 14 de abril fueron capturados rectores de colegios públicos y cuatro contratistas por la Unidad Anticorrupción de la Dijín.
De acuerdo con La Contratopedia Caribe, los funcionarios fueron retenidos por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables de Cartagena.
La plataforma reveló que los rectores capturados fueron identificados como: Juan Carlos Castillo Castilla, por hechos ocurridos cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca. Robinson Orozco Quejada, investigado por hechos ocurridos cuando fue rector de los colegios Luis Carlos Galán y Fredonia. El tercer funcionario es Remberto Navas Moreno, rector del colegio San Felipe Neri.
Los rectores fueron procesados por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
“La Contratopedia Caribe conoció en primicia que las autoridades lograron establecer que ninguno de los contratos se ejecutó a cabalidad. El detrimento es calculado en $ 500.000.000. Los recursos hacían parte del presupuesto anual de cada plantel”, indicó la plataforma.
Por otro lado, la identidad de los contratistas también fue revelada y según la plataforma, corresponden a: Hernando Vargas Morales. Luz Emilia Montalvo Castellano. Ubiter Álvarez Padilla. Enoelia García Flórez.
Los detalles revelados por La Contratopedia Caribe, indican que Vargas Morales habría usado un diploma de abogado que, según las autoridades, es falso; además, firmó contratos como asesor jurídico con el colegio de Bayunca y con el San Felipe Neri.
A esto se le suma que con los otros planteles su contratación fue vía Corplimax SAS, empresa de la cual él es representante legal.
“La Contratopedia revisó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y le encontró a Vargas seis contratos que suman $ 72.380.000. Tres de esos contratos son con el colegio de Bayunca y los otros tres con la Gobernación de Bolívar; el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (Ider) y la Escuela Superior de administración Pública sede Cartagena”, indicó la plataforma.
Igualmente, revelaron que los contratos para la institución del corregimiento de Bayunca, corresponden a una suma de $ 23.100.000, adjudicados “a dedo”, entre el 2020 y el 2021; estos documentos tenían como objeto: prestar servicios de abogado para apoyar jurídica y administrativamente al colegio en sus procesos de contratación.
