NACIÓN
Estos son los municipios de Sucre que están inundados hace más de un año
Aproximadamente 70.000 personas han resultado damnificadas. Dependían de la siembra de cultivos, de la crianza de ganado y de la pesca. La situación es dramática.
Hace un año y 16 días, exactamente el 27 de agosto de 2021, el río Cauca se desbordó y rompió un dique a la altura de Cara de Gato, un jarillón artesanal que estaba ubicado en jurisdicción del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, que se destruyó por una creciente del río Cauca.
Desde entonces, los más afectados han sido los municipios en el departamento de Sucre Majagual, Guaranda, Sucre-Sucre, Caimito, La Unión y San Marcos, donde sus habitantes viven en medio del agua, los niños van a estudiar en canoas y no se ha vuelto a sembrar.
Muchos de los campesinos sobreviven trabajando en zonas altas y los que no, se han asentado a la orilla de la carretera San Marcos-Majagual. Estas inundaciones han afectado a más de 70.000 personas.
Camino al municipio de Sucre-Sucre, para llegar a allí se debe tomar una lancha y en el camino se observan las copas de los árboles, en donde en su momento había parques, carreteras o casas que actualmente sus techos están cubiertos por el agua.
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La vida para estas poblaciones se ha visto transformada, sin aquel dique, las inundaciones no han cesado debido a la fuerte temporada de lluvias en el país a causa del fenómeno de La Niña. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) las lluvias persistirán hasta inicios de 2023.
Las personas damnificadas, aproximadamente 70.000, dependían de la siembra de cultivos, de la crianza de ganado y cerdos y de la pesca. Con las inundaciones perdieron los cultivos, los peces se fueron y los cerdos fueron arrastrados por las aguas. Los que quedan lucen flacos. No tienen qué comer. Los problemas de nutrición en los campesinos son evidentes.
José Luis Bohórquez Pérez, pescador de La Mojana, contó que su parcela lleva más de cuatro meses inundada. “Mi esposa y yo estamos viviendo en una casa prestada porque en la nuestra ya no se puede vivir. Tuvimos que irnos porque estaba muy bajito el techo. Perdimos todos nuestros puercos y gallinas. Tampoco hay peces para pescar”.
Los habitantes de estas poblaciones dicen sentirse abandonados, razón por la que un grupo de ciudadanos preocupados lanzaron la campaña SOS Mojana, con el objetivo de captar ayudas.
“Pedimos por esta zona agropecuaria, que es tan rica en alimentos, que distribuye a nivel nacional, y hoy no lo puede hacer porque no hay nada. Le pedimos al pueblo colombiano, a las empresas, que pongan su granito de arena y donen para los que más lo necesitan”, dijo Carolina Viloria, miembro de SOS Mojana.
Otras iniciativas en pro de la comunidad afectada, son las brigadas lideradas por SuperGIROS, quienes han entregado hasta el momento 50 toneladas de ayudas. La Armada de Colombia apoya las jornadas con transporte terrestre y marítimo.
En los últimos meses, se han entregado 50 toneladas de ayudas, entre mercados, suplementos nutricionales, desparasitantes, antigripales, vitaminas, colchonetas, elementos de construcción y medicamentos para combatir la gripa y los problemas en la piel. Igualmente, se han hecho brigadas de atención en salud.
“A esta causa se ha unido también la Armada de Colombia, que ha apoyado las jornadas con transporte terrestre y marítimo, y con bultos de bienestarina para nutrir a los niños”, explicó Santiago Gómez, subgerente SuperGIROS Sucre.
Por otro lado, la empresa ha donado dos casas nuevas y una silla de ruedas para algunos miembros de su fuerza de ventas que se han afectado por las inundaciones. “Seguimos acompañando a todas las familias damnificadas por las lluvias en Sucre e invitamos a más sectores públicos y privados para que nos unamos al SOS por esta región”, puntualizó Santiago Gómez.
Por el momento, el presidente Gustavo Petro, luego de su recorrido por el corregimiento La Sierpita de Majagual en Sucre, planteó la posibilidad de la reubicación de los habitantes de La Mojana hacia tierras no inundables, cuyos costos, según su propuesta, deberá ser asumido “entre grandes propietarios de tierras y el Estado”.