¿Habrá o no reducción de penas a presos?, ministro de Defensa responde

El pasado jueves 17 de septiembre, el ministro de Justicia Néstor Osuna, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos realizada en la Cámara de Representantes, manifestó diferentes propuestas con respecto a la situación actual de hacinamiento en centros reclusorios, que vive el país.

Según el ministro, son cerca de 60 mil personas en detención domiciliaria y 120 mil en cárceles del Inpec, con hacinamiento del 177 % en los centros transitorios, lo que corresponde a una sobrepoblación de 14.176 personas.

Entre sus propuestas para reducir el hacinamiento en las cárceles del país, se encuentra evaluar las condiciones de más de 2.000 personas que deberían estar en libertad y aún siguen recluidas. Además, de evaluar la posibilidad de crear un sistema de libertad parcial de cárcel de noche, es decir, el recluso tendría la posibilidad de trabajar en el día.

Sin duda, este tema causó revuelo y puso sobre la mesa el cuestionamiento de si habrá o no reducción de penas, según lo planteado en el nuevo proyecto de sometimiento para los grupos armados ilegales propuesto por el actual Gobierno nacional.

SEMANA conoció el borrador que fue elaborado para construir la denominada ley de sometimiento a la justicia que se presentará en los próximos días al Congreso de la República para iniciar la discusión y tener unas reglas de juego claras para desarticular las estructuras criminales en el país.

Según el borrador de este proyecto de sometimiento, se plantea una ruta para lograr el proyecto de paz al que aspira el Gobierno, pero para ello se plantea una reforma a la Ley 65 de 1993, la cual regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas, de la libertad personal y de las medidas de seguridad.

Hasta el momento, en dicho borrador se ha establecido que “la pena máxima por concurso será por 50 años y la máxima para los tipos penales será de 40 años”. Es decir, que las rebajas podrían ser de hasta el 60 % de las penas.

Luego de un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a pregunta sobre las rebajas que se plantean en el borrador. “Todavía no hay un proyecto radicado en el congreso, hay discusiones sobre qué podría presentarse al congreso, hay instrumentos actuales vigentes en las leyes de reducción de pena, por ejemplo, por aceptación de cargos, los beneficios que se pueden obtener por colaboración eficaz, etcétera”, señaló

Igualmente, destacó que en este momento hay instrumentos vigentes para reducir la penas de los reclusos, sin embargo, lo planteado en el borrador evalúa un panorama más amplio. “Esto es una definición que se está haciendo precisamente desde la oficina del alto comisionado para la paz con el Ministerio de Justicia, se está examinando si estos beneficios que están previstos en la ley vigente son suficientes para este proceso de conversaciones sobre estas organizaciones; (...) pero sobre este proyecto, solo cuando esté presentado al congreso podríamos discutir sobre él, porque antes es realmente apresurado”.

Sobre el borrador

Según lo socializado con algunos congresistas y el presidente del Senado, Roy Barreras, está sujeto a los cambios o sugerencias que se hagan a última hora, lo cierto es que el documento contiene los puntos clave del proyecto de ley que se tramitará para darles un tratamiento jurídico a las disidencias de las Farc y a las bandas criminales.

Sobre la discusión semántica que existía, se definió que definitivamente se usará la palabra sometimiento y no acogimiento, como se había planteado desde algunos sectores políticos. En el borrador queda claro que se mantendrá lo acordado entre Gobierno y las extintas Farc, por lo que el tratamiento a los disidentes o quienes hayan quedado por fuera del Acuerdo de Paz, será a través de la justicia ordinaria.

“Este proyecto de Ley pretende aplicar una adecuada política criminal al sistema penal colombiano. No solamente la congestión judicial en materia penal es preocupante, sino que, además, la privación de la libertad, sea de manera preventiva o causa de una pena, se han vuelto incompatible con la dignidad humana. En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en numerosas sentencias, habiendo declarado el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario Este proyecto de Ley tiene la finalidad de llevar a la realidad los fines constitucionales de la pena: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”, dice el documento.

El borrador del proyecto de ley de sometimiento plantea unas reformas a ciertas leyes como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código penitenciario y carcelario, y modificaciones al capítulo de sometimiento a la justicia que está en el Código de Procedimiento.

En total serán 90 artículos los que tendrá este proyecto de ley y queda claro que habrá un tratamiento diferencial entre los altos mandos y los rasos de las diferentes estructuras criminales.