NACIÓN
Hay hacinamiento de 158% en estaciones de Policía de Cartagena y Turbaco: Procuraduría emitió alertas a las alcaldías
El órgano de control les solicitó a los mandatarios locales garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en esos lugares.
Ante los altos índices de hacinamiento en las estaciones de Policía de Cartagena y Turbaco, que llegan a un 158 %, la Procuraduría General de la Nación conminó a los alcaldes de las dos entidades territoriales.
El ente de control hizo un llamado a los alcaldes William Dau Chamatt y Guillermo Torres Cueter, respectivamente, a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en esos lugares.
De acuerdo con la Procuraduría, luego de una inspección a los centros transitorios de detención ubicados en cuatro instalaciones policiales, el organismo de control Provincial de Instrucción de Cartagena encontró:
- La estación de la Localidad Virgen Turística presenta un hacinamiento del 137 %.
- La estación Caribe Norte tiene sobrecupo de 312%.
- La estación ubicada en el barrio Los Caracoles presenta un 57 % de hacinamiento.
- En cuanto a la estación del municipio de Turbaco, allí se registra un hacinamiento del 210 %.
En total, las cuatro tienen una capacidad instalada para 125 personas, y al momento de la inspección del Ministerio Público se encontraban 323 PPL.
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Igualmente, el Ministerio Público encontró 82 PPL llevan más de un año detenidas y otras 222 PPL tienen más de seis meses en igual esos sitios, sin que se les haya definido su situación jurídica.
“Por esa razón, el órgano de control solicitó a los mandatarios locales elaborar un plan de acción definido y estructurado, que incluya los responsables y el presupuesto asignado para brindar atención en materia de salud y alimentación a las PPL en los establecimientos bajo su responsabilidad”, indicó la Procuraduría.
Hacinamiento carcelario en Colombia
Cúcuta
Una alarmante situación se está presentando en las estaciones de policías de la ciudad de Cúcuta, donde denuncian que más de 700 presos llevarían más de 48 horas sin alimentos.
Esta problemática fue denunciada en SEMANA por el personero de Cúcuta, Yessid Blanco, quien advirtió este lamentable hecho, el cual podría terminar en tragedia si de lo contrario no se brindan las garantías necesarias.
“Son 719 detenidos que se encuentran en estaciones de Policía de Cúcuta, quienes no están recibiendo su alimentación, además no cuentan con baterías sanitarias para poder hacer sus necesidades. Ante esto, cualquier cosa podría pasar, como un motín o un incendio, habiendo la posibilidad de que estas personas escapen”, recalcó el vocero.
Así mismo, señaló que esta situación es bastante crítica por lo que, si llegase a pasar una alteración del orden público en estos lugares, los presos volverían a delinquir en las calles de la ciudad, teniendo en cuenta el represamiento que se registra en la Cárcel Modelo de Cúcuta.
“La cárcel de la ciudad está de puertas cerradas, no se recibe ningún detenido, mientras la Policía sigue realizando sus operativos para combatir la criminalidad, pero al momento de detener a algún delincuente, los policías no tienen a donde dirigir a estos detenidos, ya que las estaciones están llenas al igual que la cárcel”, puntualizó el personero.
Risaralda
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron una visita a cinco centros de detención transitoria en Risaralda, donde encontraron que el hacinamiento en estos centros alcanza un 144 %.
Este hacinamiento está causando graves problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran allí, de acuerdo con el organismo de control.
Además, las entidades identificaron deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos, así como en las instalaciones, que están empeorando la situación de los reclusos.
Ante esta situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, convocó a una mesa de trabajo interinstitucional en la que se acordaron compromisos para solucionar la crisis lo antes posible.
Entre las medidas más importantes, se estableció la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el Inpec para el traslado de los sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional, con el fin de reducir el hacinamiento.
También se acordaron brigadas de salud quincenales para atender a los reclusos y prevenir brotes de enfermedades, así como la creación de un fondo común entre la Gobernación y las alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
