¿Luz verde para el canal del Dique? Este es el acuerdo al que llegaron con las comunidades

El pasado martes 4 de octubre, en el Palacio de la Proclamación, el cual funciona como sede alterna de la Gobernación de Bolívar, se realizó el encuentro entre los representantes de las comunidades del canal del Dique y el Gobierno nacional.

En el evento estuvo presente el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga. Este encuentro tuvo como resultado la firma de un ‘Acuerdo de voluntades’, esto con el objetivo de avanzar en la ejecución del megaproyecto que tendrá una inversión de 3,2 billones de pesos.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, explicó la importancia de las reuniones con la comunidad. “En este gobierno le hemos apostado a dialogar y concertar, por eso este acuerdo es plasmar en un documento donde reconocemos que faltaron muchas actividades de socialización“.

Por otro lado, los líderes de las comunidades afectadas continúan solicitando al Gobierno nacional la realización correcta del proceso de consultas previas a las poblaciones que lo necesiten. “Queremos construir un diálogo inteligente porque somos parte del gobierno y tenemos que ir por un mismo camino. No hay que construir una megaobra aislada con las comunidades que están olvidadas porque nosotros lo que queremos es aportar”, manifestó uno de los participantes.

Ahora bien, en el ‘Acuerdo de voluntades’ se establecieron diferentes compromisos entre los que se encuentra:

• Acompañamiento institucional para las mesas técnicas.
• Análisis del proyecto.
• Atención a las solicitudes por parte de las comunidades, para evaluar las afectaciones que genere el desarrollo y la finalización del proyecto.

Por parte del Gobierno nacional, Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, explicó que se encuentran comprometidos para participar en las mesas técnicas y cumplir con los puntos establecidos en el acuerdo. “Se adelantarán con las comunidades las posibles consultas previas respetando sus costumbres. Se les escuchará para mirar si se verán afectadas o beneficiadas a través de un diálogo que les garantice la permanencia en sus territorios”.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) señalaron que están a la espera del levantamiento de las medidas cautelares del proyecto, mientras continuarán con las mesas de socialización. Asimismo, aseguraron que la ANI fue citada a finales del mes de octubre por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), quienes meses atrás ordenaron el inicio del protocolo forense para la búsqueda de los más de nueve mil cuerpos desaparecidos en el canal del Dique, a causa del conflicto armado.

La comunidad aledaña a las obras afirman que si bien dan vía libre a que el proyecto continúe, esto no significa que van a renunciar de sus derechos constitucionales y afirman que si el Gobierno con les cumple, tomarán las acciones que sean necesarias.

Por el momento, el Gobierno nacional se encuentra a ala espera de que el representante legal del Consejo Comunitario de Hato Viejo, de a conocer el desistimiento de la tutela que suspendió el proceso de adjudicación.

Preocupación en la Cámara de Comercio de Cartagena por obras en canal del Dique

Juan Pablo Vélez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, se mostró preocupado ante el anuncio que emitió la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de aplazar, indefinidamente, la adjudicación de las obras que se desarrollarían en el canal del Dique.

“Las constantes lluvias que hoy estamos viviendo siguen generando afectaciones a las comunidades aledañas y no podemos dejar que, con esta nueva decisión, se corra el riesgo de enfrentar una nueva tragedia ambiental y social. Tenemos una responsabilidad con las comunidades, con el medioambiente y el sector productivo, la cual no podemos evadir”, dijo el dirigente gremial.

Según la ANI, el proceso adjudicatorio quedó suspendido, nuevamente, hasta que no se resuelva un conflicto de competencias que está a cargo de la Corte Constitucional.

Resulta que el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo, Bolívar, instauró una tutela en la que exigen su derecho a la consulta previa para la realización del megaproyecto.