Medida de aseguramiento para funcionario que cobraba por adelantar trámites en la Registraduría de Cartagena

Entre el mes de mayo del año 2018 y agosto del 2019, se presentaron irregularidades en procesos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Cartagena. Se habla de un funcionario, identificado como Marcel Eduardo Buendía Hernández, que habría aprovechado su cargo en la entidad para cobrar hasta un millón de pesos por diligenciar contraseñas a ciudadanos venezolanos; siendo este un trámite gratuito.

A petición de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el acusado, quien se desempeñaba como archivador en la Registraduría al momento de su captura.

Según las investigaciones, al parecer Buendía operaba de la siguiente manera: tomaba información oficial, que posteriormente sería adulterada para supuestamente legalizar la estadía de extranjeros en Colombia. Falsificando los datos en dicho documento.

Por ahora, la Fiscalía avanza en investigaciones en contra el implicado, puesto que existen quejas contra él por incurrir en comportamientos similares. Se especula que estos actos se realizaron en múltiples ocasiones.

La captura de Marcel Buendía, se dio el pasado 13 de junio en su lugar de trabajo en Cartagena, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sin embargo, negó los cargos endilgados por el ente acusador como presunto responsable de los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público.

Casos similares

Hechos como este han ocurrido reiteradamente en los últimos años a nivel regional. En el año 2016, una red de siete personas fueron capturadas, por expedir documentos ilegales a extranjeros en las oficinas de la Registraduría en Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco y Santo Tomás, en el Atlántico; cinco de los implicados operaban como registradores activos, quienes generaron más de ocho mil cédulas durante cuatro años de irregulares (en gestiones migratorias y de identificación).

Según la fiscalía, este es un fenómeno delictivo que no se detiene, ya que existe una demanda, ya sea por parte de las mafias o personas que desean trasladarse a otros países desde Colombia. Periódicamente, quiénes se dedican a esto modifican aspectos en el modus operandi para evitar ser descubiertos.

El medio de comunicación de Barranquilla, ‘El Heraldo’, adelantó investigaciones sobre esta problemática y dio a conocer que empleados de Migración y la Registraduría, operan de la siguiente manera: “se venden “paquetes” a personas indocumentadas, integrantes de grupos criminales, incluso a traficantes de seres humanos, por un valor de hasta 17 mil dólares, por la expedición de identificaciones colombianas, ya sean cédulas o pasaportes que les faciliten su ingreso, tránsito o salida a destinos internacionales”. Debido a los datos descubiertos por el diario, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Dan otro medio día compensatorio por votar en la segunda vuelta presidencial?

El domingo 19 de junio terminó la contienda electoral de las elecciones presidenciales para elegir al mandatario que se posicionará en agosto. Ese día se efectuó la segunda vuelta y Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, ganó con más de once millones de votos.

Votar es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, no todas las personas pueden hacerlo, deben ser colombianos mayores de edad y tener su cédula física e inscrita en uno de los puestos que la Registraduría dispuso en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el departamento de Función Pública del Gobierno, la Ley 403 de 1997 determina que “el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas, y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades”.