Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes
Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes Ministros Gustavo Petro CESAR CARRION / Presidencia | Foto: CESAR CARRION / Presidencia

NACIÓN

Ministro de Transporte plantea la posibilidad de estructurar otro proyecto para el canal del Dique

El ministro reveló que durante las sesiones de empalme con el entonces presidente Iván Duque, solicitó suspender el proceso de adjudicación y que su propósito principal era conversar con la JEP y la Contraloría.

19 de agosto de 2022

En la mañana de este viernes 19 de agosto, la Cámara de Comercio de Cartagena abrió un nuevo espacio para el diálogo, el cual han denominado Comité de Seguimiento del Macroproyecto Canal del Dique.

El evento contó con la participación de figuras importantes en el proyecto, como Guillermo Reyes, el ministro de Transporte; William Camargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); al igual que la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez Castellanos, y el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat.

Durante el encuentro se tocaron diversos temas con respecto al futuro del proyecto en cabeza del ministro de Transporte, quien hizo énfasis en la importancia del inicio de las obras. Sin embargo, en este momento, el proceso de adjudicación se encuentra suspendido hasta el 12 de septiembre.

“Es una decisión prudente, necesaria y no podemos poner en riesgo a las comunidades ni al tema ambiental”, aseguró. Durante ese mes se escuchará a todos los actores involucrados en este proceso con el fin de “tomar la mejor decisión”, aseguró Guillermo Reyes luego del anuncio de la nueva fecha.

Como en múltiples ocasiones lo ha manifestado, Reyes reiteró el compromiso del nuevo Gobierno nacional para la ejecución del macroproyecto; eso quiere decir que deberán escuchar a cada uno de los implicados en el proceso para conocer sus requerimientos, lo cual se realizará en las próximas semanas junto a Contraloría General de la República, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y, por su puesto, las comunidades que se verán impactadas por las intervenciones.

El ministro reveló que durante las sesiones de empalme con el entonces presidente Iván Duque, solicitó suspender el proceso de adjudicación, como se hizo, y que su propósito principal era conversar con la JEP y la Contraloría. “Recordemos que este es un proceso contractual, si uno decide no adjudicarlo porque se nos ocurrió por capricho, el único proponente puede demandarnos y no podemos ser irresponsables”, indicó Reyes.

Futuro del proyecto

La próxima semana, Guillermo Reyes llegará hasta las comunidades del municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico, donde entablará conversaciones con las que espera conocer a fondo el contexto de la población. También estará acompañado de órganos de control, congresistas, entre otros.

“Vamos a ir el próximo 26 de agosto a la zona. Aquí ha habido todo tipo de proceso consultivo y como resultado de eso se le ha impuesto una cantidad de cosas al proponente. Hay que aclarar que una vez se adjudique el proyecto no se iniciarán las obras inmediatamente”, expresó.

Otro de los puntos que tocó fue la importancia de realizar este proyecto, ya que busca controlar el tránsito de sedimentos del canal hacia la bahía de Cartagena y la bahía de Barbacoas, además de mitigar el riesgo de inundaciones al estar al tanto de los niveles de agua en el canal.

Por esta razón, manifestó que “si el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) encuentra algunas irregularidades y no se puede adjudicar porque se encontraron cosas terribles, al otro día vamos a estructurar otro para ya porque la situación es muy grave”, contó el ministro de Transporte.

Sobre el proyecto del canal del Dique

El proyecto construirá dos sistemas de esclusas en Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.

El proyecto es pionero en Latinoamérica y contará con una inversión por el orden de los 3,1 billones de pesos, luego de más de 50 años de estudios, debates y conversaciones sobre su viabilidad.