Ocupan ocho bienes que eran utilizados para explotar sexualmente a mujeres en Cartagena

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes ubicados en Cartagena que, al parecer, habrían estado al servicio de una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.

Se trata de un inmueble urbano, dos sociedades y cinco establecimientos de comercio avaluados en más de 1.255 millones de pesos. Las propiedades afectadas pertenecerían a dos presuntas organizaciones criminales, conocidas como “Los Caleños” y “El Amparo”, que delinquían en la capital de Bolívar y que fueron desarticuladas el pasado mes de abril.

“En esa operación se logró la captura de 11 personas y se pudo establecer que en un uno de los establecimientos de lenocinio, tenían a una menor de 15 años quien era víctima de explotación sexual, evidenciando así el modus operandi de estas organizaciones criminales cuya finalidad era ofrecer servicios sexuales de mujeres, que además, eran obligadas a pernoctar en estos lugares”, explicó la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, esas personas se encargaban conseguir mujeres colombianas y de nacionalidad extranjera para explotarlas sexualmente con el fin de obtener beneficios económicos en establecimientos comerciales que también eran utilizados para el consumo de estupefacientes por sus clientes.

Además, según la Fiscalía, las víctimas ejercían actividades sexuales en medio del constreñimiento y otras condiciones crueles y degradantes.

Las investigaciones adelantadas por los funcionaros judiciales dan cuenta que dichas organizaciones ilegales entregaban documentos falsos a las víctimas adolescentes para hacerlas pasar como mujeres adultas y así intentar evadir los registros de las autoridades.

Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Caso Odebrecht: condenan a Básima Elías

La Fiscalía General de la Nación logró otro importante avance en el proceso de esclarecer hasta dónde llegaron los tentáculos de la multinacional Odebrecht. En este caso, pudo demostrar en un juicio la complicidad de Básima Patricia Elías Nader en el transporte y custodia de recursos destinados por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos.

Este resultado culminó en la emisión, por parte de una jueza especializada de Bogotá, de un sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de lavado de activos.

De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, se reveló que la señora Básima Elías Náder recibió importantes sumas de dinero en tres momentos distintos durante el primer semestre de 2014. Estos fondos tenían como objetivo el pago de sobornos al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como ‘Ñoño’ Elías, quien a su vez había intervenido para garantizar estabilidad jurídica y condiciones económicas favorables para Odebrecht en relación con el contrato del tramo Ocaña–Gamarra, una adición al proyecto Ruta del Sol II.

La pesquisa también reveló que la constructora brasileña, a través de maniobras financieras complejas, canalizó diversas sumas de dinero hacia Otto Nicolás Bula Bula, quien tenía la responsabilidad de distribuir estas dádivas a funcionarios implicados. De manera destacada, Bula Bula envió un total de 1.280 millones de pesos en efectivo a Básima Elías Náder con la instrucción de entregárselos a su primo, el exsenador Elías Vidal.

La Fiscalía sostiene que Básima Patricia Elías Náder tenía un pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos y, de manera consciente, los recibió, resguardó y facilitó su movimiento. Como resultado de esta sólida evidencia, la juez especializada ha emitido un fallo condenatorio en su contra por el delito de lavado de activos.

Se espera que en los próximos días, la juez especializada revele la pena que deberá cumplir Elías Náder como consecuencia de su participación en este esquema de corrupción.