Polémica en Cartagena: Alcaldía denuncia presuntos actos irregulares de la Contraloría Distrital. ¿Qué pasó?

Este domingo, 5 de enero, se conoció una denuncia por parte de la Alcaldía de Cartagena en cabeza de Dumek Turbay en contra de la Contraloría Distrital por unas presuntas malas actuaciones de este órgano de control que habrían ocurrido el pasado 2 de enero, cuando realizaron una serie de allanamientos en dependencias del Distrito, sustentándose en las circulares 014 del 24 de diciembre y 015 del 30 de diciembre de 2024.

Estas acciones, orientadas al control fiscal previo, fueron rechazadas por el Distrito, que argumentó que la Constitución de Colombia reserva dichas facultades al Contralor General de la República.

Y es que en medio de toda esta polémica, SEMANA conoció que el Comité Central de Auditoría, conformado por los jefes de Control Interno de las dependencias distritales, dirigió un oficio a la contralora Ángela Cubides señalando presuntas irregularidades.

Según el documento, el control fiscal previo no está permitido por la Constitución, y la excepcionalidad del control preventivo requiere condiciones específicas estipuladas en el Decreto 403 de 2020, exclusivas del Contralor General.

“El control fiscal ejercido por la Contraloría Distrital no puede efectuarse de manera previa, modalidad proscrita por la Constitución Política. Ni siquiera cabe la excepcional figura del control preventivo y concomitante, para cuya operación se requiere de los presupuestos previstos en los artículos 54 y siguientes del Decreto 403 de 2020 y, que, además, es potestad exclusiva del Contralor General de la República. En sus Circulares 014 y 015, hace alusión a que validará la información para determinar de manera previa la situación fiscal del sujeto de control, actuación claramente irregular por la razón ya expuesta y por las que siguen a continuación”, dice el documento.

El Distrito también se refirió al principio de anualidad presupuestal, subrayando que la normativa nacional admite excepciones como reservas presupuestales, cuentas por pagar, y vigencias futuras. Estas figuras tienen plazos establecidos en el Decreto 4836 de 2011, incorporados al Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito.

“Respecto de las dos primeras figuras, (reservas y cuentas por pagar), el Decreto 4836 de 2011 establece que deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de cada año. Es de resaltar que esta última norma, se recogió en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del distrito, por tratarse de una norma de orden nacional, aplicable solo a ese nivel”, precisó el Distrito.

Además, desde la Alcaldía recordaron que la Resolución 411 de 2023 establece que los estados financieros consolidados deben ser entregados a más tardar el 15 y 28 de febrero en la plataforma Chip. A pesar de esto, el Distrito acusó a la Contraloría Distrital de no seguir las directrices de la Guía de Auditoría Territorial (GAT) y de no haber publicado su Plan de Vigilancia Fiscal, como exige la normativa.

Al mismo tiempo, indicaron: “La Resolución No. 047 de 2023, por la cual se reglamenta la rendición electrónica de cuentas e informes a presentar por parte de los sujetos y puntos de control fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias” (sic), se refiere a la rendición electrónica de la cuenta en SIA Contraloría y los informes sobre contratación que se reportan en SIA Observa, entre los cuales no se encuentra la obligación de presentar Acta de cierre fiscal en el formato correspondiente. El artículo 5 ibídem se refiere a la información que debe ser presentada por los sujetos y puntos de control en la forma prevista por la Contraloría, pero dentro de procesos auditores”.

El Distrito señaló que las acciones de la contralora podrían estar relacionadas con la reciente reducción presupuestal de su entidad para 2025, avalada por la Contraloría General. Esta decisión buscó corregir excesos presupuestarios detectados desde 2010, que llevaron a incumplimientos legales y la implementación de un plan de mejoramiento fiscal.

En respuesta, el Distrito le pidió a la Contraloría Distrital a ceñirse estrictamente a los marcos legales y constitucionales, y propuso abrir un espacio de diálogo para establecer mecanismos efectivos de comunicación.