Preocupación en Cartagena por personas encapuchadas que estarían tomándose nuevamente el peaje de Pasacaballos

En las últimas horas, comunidades cercanas al peaje Pasacaballos, en Cartagena, denunciaron que en el sitio hay presencia de personas encapuchadas, mientras que no se ve rastro de la fuerza pública.

Esto genera gran preocupación, ya que la semana pasada este peaje fue vandalizado, incluso, llegó el Esmad a dispersar a los manifestantes. Ante esta situación, Policía y Alcaldía habían anunciado medidas para garantizar la seguridad y la vigilancia.

Según conoció SEMANA, desde la noche de este viernes 17 de marzo no hay presencia de policías. Aunque el Ministerio de Transporte indicó que la fuerza pública se encuentra a una distancia prudente, en la mañana de este sábado denuncia la comunidad que ni siquiera en los alrededores tienen apoyos.

Mientras que encapuchados, al parecer, estarían bloqueando el acceso al peaje. Así ha quedado en evidencia en algunas imágenes compartidas en redes sociales.

Por ahora, la zozobra de la comunidad está latente e insisten a la fuerza pública hacer presencia en el lugar.

Cabe recordar que la más reciente protesta en este peaje se presentó el pasado 15 de marzo, día en el que un grupo de manifestantes irrumpió en el lugar, el cual pertenece a la Concesión Autopistas del Caribe.

El motivo de la protesta era desmonte del peaje, sin embargo, lo que comenzó como un plantón pacífico terminó en disturbios con daños a la infraestructura de la concesión y ataques al personal que se encontraba laborando.

El comité No más Peajes manifestó públicamente que los actos vandálicos habían sido provocados por encapuchados supuestamente contratados para ocasionar desmanes. A lo que la Concesión también se pronunció al respecto.

“Respecto a los hechos acontecidos el 15 de marzo de 2023 en la estación de peaje de Pasacaballos, la Concesión Autopistas del Caribe rechaza las acciones violentas de los manifestantes, comunidad de Ballestas y del Comité No Más Peaje, además de los señalamientos infundados de miembros de este comité, quienes sin sustento ni pruebas afirman que la Concesión contrató personas encapuchadas y las llevó al peaje”, indicó la empresa.

De acuerdo con la entidad, los actos violentos atentaron contra “la vida de nuestros colaboradores. Vehículos, equipos e infraestructura, que hace parte de los bienes de la nación, totalmente destruidos, además, trabajadores de la Concesión resultaron heridos por causa de ataques perpetrados por parte de manifestantes”.

Asimismo, aseguraron que estas vías de hecho afectan el derecho al trabajo de las familias cuyo sustento depende de este proyecto.

La Concesión Autopistas del Caribe hizo un llamado a las autoridades para que tengan mayor presencia en la zona “y así, evitar que estos delincuentes continúen atentando contra la integridad de nuestros colaboradores”.

Por otro lado, la entidad asegura que han priorizado el diálogo como única medida para llegar a acuerdos que permitan continuar con un proyecto que genera oportunidades de empleo y desarrollo para las personas de la región.

Igualmente, enfatizaron en que “los señalamientos y desinformaciones infundadas por parte de miembros del Comité No Más Peaje, no corresponden a la realidad y desinforman a la comunidad. Desde Autopistas del Caribe reiteramos nuestra disposición al diálogo como única medida para llegar a acuerdos que permitan continuar con un Proyecto que generará más de 4.000 empleos en nuestra región y contribuirá con la dinamización del comercio, el desarrollo económico y social de los habitantes de los municipios del área de influencia”.

Entretanto, desde le Gobierno nacional denunciaron que han visto un movimiento preelectoral de candidatos a concejos municipales y asambleas departamentales que están dedicados a promover el no a los peajes; algunos con un sentido de discusión, pero otros muy violento.

Frente a este tema, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, indicó que algunos mensajes están enfocados a quemar y destruir los peajes y esta es la razón por la cual el Gobierno tiene preparado un equipo en el ministerio, otro de la Policía Nacional y uno más de la Fiscalía.