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“Un policía me amenazó con llevarme a la Sijin”: Luis Ángel, periodista de O Globo, detenido en estación de Policía en Cartagena
Uno de los dos comunicadores a los que la policía impuso un comparendo por desacato en Barú, entregó su versión de las horas que vivió en el procedimiento judicial.
Luis Ángel y Julia Mendoza, dos periodistas que se encontraban en Cartagena este sábado 14 de mayo, cubriendo la noticia del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, terminaron detenidos por la policía, en la subestación de Playa Blanca, en Barú. El video, en el que los periodistas calificaron el procedimiento de la policía de “irregular” fue viral. Ambos lo ratificaron 24 horas después, pese a la versión oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, que controvirtió esos señalamientos.
En un comunicado de siete puntos, la Policía explicó que en ningún momento hubo una “captura”, como lo habían sugerido los periodistas, acreditados por O Globo TV de Brasil. El procedimiento, dice la versión oficial, pretendía establecer la identidad de dos personas que habían grabado en video las instalaciones de la subestación de Playa de Barú, y que se negaron a colaborar cuando agentes pidieron verificarla.
La Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que los periodistas no fueron víctimas de agresiones, y que a Luis Ángel se le impuso un comparendo por “incumplir, desacatar, desconocer, e impedir la función o el orden de Policía”, como lo establece el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, o Código de Policía.
Los periodistas rechazaron la versión y los hechos relatados por las autoridades y respondieron mediante un comunicado en el que contaron lo que, aseguran, corresponde a la realidad de lo sucedido.
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“Mientras grabábamos algunas imágenes cerca de la estación de policía de Playa Blanca, fuimos abordados por dos subintendentes de policía, por varios patrulleros y por un grupo de hombres del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES)”.
Y agregaron: “uno de los subintendentes me pidió a mí, Luis Ángel, la identificación. Contrario a lo que se asevera en el comunicado de prensa de la policía, procedí, de inmediato, a entregarle mi cédula y el carnet que me acredita como periodista. Tras entregarle los documentos, el policía impidió que yo grabara con la cámara el procedimiento. Yo, ejerciendo mi derecho a hacerlo, insistí en grabar. Luego me dijo que me conduciría a la estación de policía, a lo que yo me negué. Ante mi negativa, el subintendente me tomó por la fuerza de ambos brazos, diciendo que me iba a requisar. Después, dos policías más me tomaron del cuerpo y me condujeron, forzadamente, a la estación”.
Ángel, además, aseguró haber recibió amenazas por parte de la policía cuando estaba dentro de la estación.
“Un policía me amenazó con llevarme a la Sijin para investigarme y el subintendente hizo una anotación en su libro de anotaciones que me pidió firmar para dejarme ir del lugar sin ponerme un comparendo”, aseguró.
“El señor Luis Alberto Ángel se retira de las instalaciones policiales sin haber sufrido ningún tipo de maltrato físico ni psicológico”, fueron las palabras del libro de anotaciones, que según el periodista debía firmar para salir de la estación.
Como el periodista se negó, le impusieron un comparendo: “No me dejaron ir de la estación sino dos horas después. Mientras esperábamos a que me dejaran ir, a María Luna le ordenaron que dejara de grabar y la amenazaron con ponerle un comparendo. Luego, hombres de civil se acercaron a nosotros para fotografiarnos. Preguntamos de quién se trataba y nos dijeron que hacían parte de un grupo de inteligencia de la policía”, explicaron en el comunicado.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, fue la primera en dar eco a las denuncias de los dos periodistas, y alertaron por la posible vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus labores. “Agradecemos la solidaridad y el oportuno acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de defensores y defensoras de los derechos humanos y los y las colegas periodistas que estuvieron pendientes de nosotros”, puntualizaron.
“Desde el Comando de la Policía metropolitana se realizarán las verificaciones pertinentes para establecer si durante el procedimiento hubo algún exceso o irregularidad, con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos”, fue el compromiso que asumió la Policía, tras los hechos.
