Ejército mató a esposo de líder de minga indígena

Los indígenas del país se levantaron de luto en la mañana de este martes. En la madrugada, tropas del Ejército dispararon contra una camioneta del Comité Regional de Indígenas del Cauca (Cric), que iba conducida por Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué, consejera mayor de esa organización indígena. Legarda murió después de haber recibido tres disparos.

El hecho sucedió a las cuatro de la mañana en un punto estrecho de la vereda San Pedro, del municipio de Totoró. Legarda estaba acompañado por un grupo de médicos que apoyaba una brigada de salud en el municipio de Inzá.

Después de la jornada, iban hacia Popayán, a llevar a los médicos y a recoger a Aída. Ella acababa de llegar de Suiza, donde participó como delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en el Examen Periódico Universal de derechos humanos que presentó Colombia la semana pasada ante Naciones Unidas.

Según el general Justo Eliceo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, un pelotón prestaba seguridad en la vía. Cuando vieron el vehículo, le hicieron señas de que parara. Pero como el conductor no lo hizo, dispararon. El vehículo recibió 17 impactos y Legarda, tres que lo dejaron herido de gravedad. Fue trasladado a Popayán, donde finalmente murió.
 
Al mediodía de este martes el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que la Fiscalía, la Procuraduría y a la oficina de la ONU para los Derechos Humanos enviarán una comisión especial al área donde ocurrieron los hechos para verificar lo que sucedió. “El Ministerio de Defensa mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que las investigaciones arrojen resultados y claridad sobre lo ocurrido, y reitera su política de transparencia con relación a las acciones de todos los integrantes de la Fuerza Pública”, leyó el ministro durante una rueda de prensa.
 
Contrario a lo que dicen las autoridades, Aída Quilqué cree que se trataba de un atentado dirigido contra ella, precisamente, por denunciar las violaciones a derechos humanos y por ser una de las líderes que durante los últimos meses ha movilizado a centenares de indígenas en la ‘Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular’.

Para Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Onic, se trató de un hecho premeditado contra Quilqué. Dos razones lo hacen pensar eso. Primero, lo que ella ha denunciado y, segundo, “porque hoy se daba inicio a la Junta Directiva del Cric en el resguardo de la Meza de Toguima, municipio de Páez” y Quilqué tiene un papel importante en las decisiones que se tomen allí, sobre todo respecto de la minga, que ha movilizado a varios sectores sociales.

Ya en otra ocasión este año ha habido casos de ataques de la fuerza pública contra miembros de las comunidades indígenas, cuya legitimidad ha sido cuestionada. Uno de éstos fueron los disparos que captaron las cámaras de CNN que hicieron hombres de civil mezclados con fuerzas policiales contra una grupo de indígenas participantes de la minga. Otro caso polémico registró Semana.com en mayo.

La muerte de Legarda se da apenas una semana después de que Colombia presentara su examen de derechos humanos ante Naciones Unidas. En el informe que presentaron las instituciones estatales como parte del examen, dice que “en materia de prevención de violaciones de sus DDHH, el Ministerio de Defensa ha impartido Directivas para que la Fuerza Pública atienda particularmente la protección de las comunidades indígenas y afrocolombianas en todo el territorio nacional”.

Para intentar contrarrestar hechos como el ocurrido esta madrugada, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acababa de anunciar el pasado lunes la creación de una escuela de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario para capacitar a los militares y prevenir esas violaciones.

Pero 2008 ha sido un año de anuncios en esa materia. A comienzos del año, se lanzó una política integral que considera el respeto a los derechos humanos como un requerimiento estratégico para ganar la guerra. Pero no ha sido una tarea fácil, pues aunque desde la comandancia de las Fuerzas Armadas y desde el Mindefensa se ha impulsado esta línea, muchos de sus integrantes aún justifican la guerra sucia como una táctica válida de lucha contrainsurgente. También hay problmeas de corrupción en la fuerza pública.
 
El gobierno había logrado frenar la violencia contra los indígenas en los últimos años, pero este año la tendencia decreciente se revertió. Según datos de la Onic en 2002 ocurrieron 426 casos y las cifras fueron descendiendo hasta registrarse 44 en 2007, pero este año, volvieron aumentar a 67. Los posibles autores, según la Onic, son guerrilleros, paramilitares y, pese a los esfuerzos oficiales, miembros de la fuerza pública.
 
Este delicado caso que le costó la vida al esposo de una de las princiaples líders indígenas del momento seguramente tendrá repercuciones internacionales. De ahí que sea tan crucial que las autoridades militares y civiles investiguen exactamente si se trató de una muerte legítima como lo asegura el Ejército o, por el contrario fue un atentado premmeditado como lo sospechan los indígenas.