Las dificultades para limpiar minas antipersonales en territorios que siguen en guerra

A comienzos de diciembre, el presidente Iván Duque informó que el país tiene 432 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, 154 entregados durante los últimos dos años. Sin embargo, la tarea de limpiar municipios de los artefactos explosivos que fueron sembrados en el suelo durante tantos años, es difícil y riesgosa, no solo por el riesgo de pisar una mina, sino por la guerra interna que todavía se vive en el país y que representa un peligro enorme para quienes deben hacer la labor de desminado.

El coronel José Pérez, comandante de desminado humanitario, explicó que como no todo el territorio está “estabilizado”, hay riesgos de “carácter operacional” para quienes trabajan en desminado

“Es importante aclarar que en Colombia no solamente hacemos desminado humanitario, también se hace desminado militar y es el que hacen nuestras unidades militares en el desarrollo de las operaciones. Es una tarea bastante ardua, hombres y mujeres que día a día están en los territorios que circundan las áreas del territorio nacional, en donde día a día se encuentran artefactos explosivos de toda índole”, aseguró Pérez.

Los riesgos que corren quienes hacen ambos tipos de desminado, tanto el militar como el humanitario, donde permanentemente las tropas están haciendo recorridos, son grandes. A pesar de que son zonas donde viven familias y transita el personal civil, los grupos al margen de la ley instalaron las minas para afectar al Ejército, sin importar la presencia de civiles.

“Han generado amputaciones y daños colaterales, tanto a nuestros militares como a nuestros civiles y por esa razón, consideramos que para el desminado humanitario el riesgo, es exactamente el mismo, porque es el mismo tipo de enemigo el que ha instalado estas minas, el mismo tipo de territorio”, dijo.

El coronel explicó que la brigada de desminado humanitario y la del Ejército nacional son altamente eficientes, “unidades entrenadas” que han dado buenos resultados.

Con los cerca de 137 municipios liberados de minas en el último tiempo, el total de metros cuadrados liberados es de aproximadamente 5 millones. “Se han destruido casi 280 minas, se han encontrado 265 minas y municiones usadas que en algún momento no estallaron o no explosionaron” cuando hubo conflictos con grupos armados ilegales.

Por otra parte, el coronel señaló que la actividad de desminado “ha impactado a más de 2 millones 248 mil colombianos´”, que después de haber sido víctimas de las minas y haber huido de sus territorios, pudieron regresar.

Entre los municipios que se vieron afectados por estos explosivos y que hoy están libres, están Carmen de Viboral, Antioquia; San Juan Nepomuseno y Cartagena, Bolívar; Chiscas y Pesca, Boyacá; Norcasia y Río Sucio, Caldas; La Sierra y San Sebastián, Cauca; Chiriguaná y Chimichagua, Cesar; Neiva y Palermo, Huila; Linares y Granada, Meta; Túquerres y Puerres, Nariño; Dolores y Ortega, Tolima; San Juan del Cesar, La Guajira; Durania y Santiago, Norte de Santander; San Onofre, Santander y Córdoba en Sucre.

A pesar de los buenos resultados, la Procuraduría General de la Nación, en un informe de septiembre, hizo un llamado al Gobierno nacional para que fortalezca la implementación de la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y julio de 2020, hubo 11.892 víctimas, de las cuales el 60.1 por ciento eran militares y el 20 por ciento de los civiles afectados, es decir 1.220, corresponden a niños, niñas y adolescentes. También ha habido un incremento en la proporción de víctimas civiles que alcanza al 58 por ciento del total de las registradas desde 2017.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Rojas (CICR), el número de víctimas de las minas antipersona en Colombia ha venido aumentando durante los últimos años. Mientras en 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, se registraron 57 víctimas, y en el 2018 hubo 221, en el 2019 esta cifra aumentó un 59 por ciento.

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