Nación deberá indemnizar a víctimas de masacre del Bloque Calima

En la tarde del 10 de octubre de 2001,  unos 35 paramilitares del Bloque Calima llegaron a tres veredas del municipio de Buga, Valle. Allí se dividieron en dos grupos. El primero, de unos 10 hombres, irrumpió en la vereda La Habana y mató a ocho campesinos. Luego el otro grupo se fue para la vereda Alaska, donde ultimaron a 15 personas. Y por último, en La Magdalena, acabaron con la vida de otras dos.

La masacre ocurrió a media hora del Batallón Palacé del Ejército, y a unos 15 minutos de una estación de Policía de La Magdalena que contaba con 20 uniformados entrenados para actividades contraguerrilla. Tanto los unos como los otros estaban advertidos de la presencia de los hombres armados en la zona, pero nada hicieron para evitar que llegaran a estas veredas y mataran a estas personas.

La fuerza pública sólo llegó al lugar, cinco horas después de la matanza. “Es evidente que ni la Policía, ni el Ejército actuaron inmediatamente, cosa que favoreció que los autores materiales pudieran huir en la más absoluta impunidad del lugar de los hechos”, señala la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Buga.

Por tal razón, la Nación (el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, el departamento del Valle y el Ministerio del Interior) deberá pagar a los familiares de las víctimas entre cinco y 80 millones de pesos, dependiendo del daño que se le haya causado a cada una de las familias.

Según la sentencia, si bien la masacre fue hecha por los paramilitares, la ausencia de fuerza pública facilitó que el múltiple crimen se cometiera, lo que constituye una falla en el servicio.

Así mismo, el fallo (emitido el pasado 6 de agosto) ordena a la Nación construir en un lugar público de la vereda Alaska “un monumento apropiado y digno, para recordar tal masacre, a fin de rendir un homenaje a las víctimas y familiares de estos hechos y a su vez construir memoria”.

El pasado mayo, por esta masacre fue capturado el comandante del Palacé, para la época, coronel Jorge Alberto Amor Páez, a quien el jefe paramilitar del Bloque Calima, Hebert Veloza, alias ‘HH’, acusó de ser el que entregó la lista a Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’ (uno de los ejecutores del hecho) con los nombres de las personas asesinadas.
El coronel Amor también está sindicado de coordinar y facilitar actividades del Bloque Calima, proporcionar vehículos para el transporte de sus miembros y recibir dinero a cambio. Según ‘El Cabezón’ y otro paramilitar conocido con el alias de “El Cabo”, el oficial estuvo en reuniones con ellos y con alias el ‘Tocayo’, enlace entre autoridades civiles y militares de la zona.