Atención: tres policías de tránsito resultaron heridos tras ataque con explosivos en la vía Cúcuta-Sardinata, Norte de Santander

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró sobre el mediodía de este viernes 10 de marzo, donde tres uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la región fueron atacados, ellos son: el intendente jefe, Álvaro David Peñalosa Córdoba; el subintendente, Emerson David Silva Jaimes y el patrullero, Jorge Luis Silva Pinzón.

SEMANA confirmó que este hecho se presentó en el sector La Chacona, entre la vía que comunica a la ciudad Cúcuta con el municipio de Sardinata, subregión del Catatumbo.

Según detalló una fuente judicial a este medio, los policías se movilizaban en un vehículo y alcanzaron a dar aviso a la unidad del departamento que estaban siendo hostigados con explosivos y ráfagas de fusil. Además, un civil también resultó lesionado, quien se desconoce su identidad.

Así mismo, se conoció que los uniformados evitaron el ataque dejando a los tres uniformados gravemente heridos. Por el momento, las autoridades se dirigen vía aérea al lugar de los hechos para realizar el traslado de los uniformados a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta.

Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, señaló Villamizar en SEMANA.

De igual forma, el defensor pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas. “Esperamos que el Ministerio de Defensa realice un consejo de seguridad en la región, no es posible que todas las alteraciones del orden público en la región, y no hacen presencia ni los comandantes generales de la fuerza pública”, recalcó.

Gobierno Petro reconoce al ELN como “organización armada rebelde”

SEMANA conoció el decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para otorgar el reconocimiento al ELN como “organización armada rebelde”, una petición que habían hecho los integrantes de esa guerrilla al ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Aunque dicha guerrilla ya contaba con un reconocimiento político, se pidió que para estos diálogos se les otorgara esa calidad de organización armada rebelde para tener una seguridad jurídica y avanzar rápidamente en la negociación.

El decreto tiene fecha del 6 de marzo y allí se explica que el Gobierno Petro dentro de su política de ‘paz total’ está adelantando una negociación política con el ELN para buscar una salida negociada al conflicto.

Allí se argumenta que la prórroga de la Ley de Orden Público facultó al presidente de la República a tener acercamientos y diálogos con el ELN para facilitar el desarme y desmovilización de esa guerrilla.

“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz a una desmovilización”, dice el documento.

Sin embargo, se aclara que dicho reconocimiento de hace con sujeción a las normas legales vigentes por lo que no se modificarán las decisiones judiciales que se hubieran adoptado contra integrantes del ELN hasta la fecha. “No se suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. No impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración, inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar”.