Cárcel para 10 policías señalados de adelantar falso procedimiento judicial y retener a mujer con sus hijas para extorsionarlas

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, se logró la captura de 10 uniformados activos de la Policía Nacional, acusados de llevar a cabo un falso procedimiento judicial en el cual habrían retenido ilegalmente a una mujer y a sus dos hijas menores de edad.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por una fiscal delegada ante el tribunal, los implicados realizaron una diligencia de allanamiento sin orden judicial en una residencia del barrio Paz y Progreso de Cúcuta, Norte de Santander, en agosto pasado. Durante este operativo no autorizado, la mujer y sus dos hijas fueron retenidas por varias horas.

Los uniformados detenidos fueron identificados como los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis, el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.

El material probatorio recolectado sugiere que los acusados exigieron la suma de 50 millones de pesos a cambio de no proceder legalmente contra la víctima y de no entregar a las menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Durante la supuesta diligencia, los uniformados alegaron haber encontrado varias cajas de mercancía, incluyendo jeans y cigarrillos, sin la documentación y soportes que demostraran su legal procedencia. La víctima aseguró que la mercancía, propiedad de su hermana, era completamente legal.

Según testimonios, la hermana de la víctima llegó a la vivienda momentos después y los implicados le habrían exigido la suma de 40 millones de pesos. Luego de consignar 20 millones de pesos, se le otorgó un plazo para entregar el resto del dinero en la tarde del mismo día.

Las capturas fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de secuestro simple agravado, concusión y falsedad ideológica en documento público. Como medida preventiva, el juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.

Investigan a policías que esposaron a una madre frente a sus hijos menores

Por otra parte, tras el escándalo que se desató en el Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena por presunto abuso de autoridad, la Procuraduría General presentó un pliego de cargos contra el subintendente Nelson Enrique Martínez Balceiro y la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, pertenecientes a la Policía Metropolitana de La Heroica, señalados de sacar a la fuerza a una mujer y sus hijos del almacén de ropa Jon Sonen.

Según las pruebas recopiladas por el organismo de control, entre ellas videos que circularon en redes sociales, los uniformados habrían sobrepasado sus funciones al realizar un uso excesivo de la fuerza al retirar, esposada, a una ciudadana venezolana identificada como Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, que se encontraba con sus dos hijos menores de edad en el establecimiento.

De acuerdo con la declaración de Álvarez Sarmiento, los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre de 2022 cuando se acercó al local para reclamar prestaciones sociales adeudadas, momento en que, al parecer, el administrador del local llamó a la policía. Posteriormente, fue esposada con su hija menor en brazos y su otro niño a su lado.

El Ministerio Público indicó que, ante la negativa de la mujer de retirarse del establecimiento, la actuación adecuada habría sido proteger los derechos de los menores, preferiblemente con la intervención del grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional, retirándola pacíficamente y sin esposarla.

La Procuraduría subrayó que era deber de los uniformados garantizar el “desarrollo armónico e integral de los menores”, evitando que presenciaran la escena en la que su madre fue esposada en público.

“Era el deber de los uniformados garantizarle a los menores su desarrollo armónico e integral, el no ver a su progenitora siendo esposada y sacada al frente de todos los visitantes del centro comercial por reclamar sus derechos laborales, que al parecer no habían sido cancelados y que necesitaba para mantener su mínimo vital”, indicó el órgano de control.

La conducta de los policías fue calificada provisionalmente por la Procuraduría como falta disciplinaria leve a título de culpa gravísima. El proceso continuará para, seguramente, escuchar a las partes sobre lo ocurrido.