Cierre total en la vía Cúcuta-Bucaramanga por protesta ante nuevo peaje

Desde las 6:00 a. m. de este martes 31 de enero, la vía que comunica a la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) con Bucaramanga (Santander) se encuentra con bloqueo total por las protestas que se adelantan ante la instalación de un nuevo peaje.

Las concentraciones se adelantan en el sector conocido como Los Adioses y en la entrada al municipio de Pamplonita, entre el tramo Cúcuta-Pamplona, donde el mensaje de la comunidad es claro: “No al peaje”.

Una angustiante situación están viviendo los habitantes de Pamplona, Pamplonita, Silos, Chitagá y Cacota, quienes salieron nuevamente a manifestar contra el gobierno de Gustavo Petro, exigiendo que la instalación de este cobro no se ejecute, pues aseguraron que se verán afectados en su actividad comercial de cultivos.

Otra problemática que presenta la comunidad de Pamplonita es sobre el proyecto vial 4G de la doble calzada que implementa el Estado bajo la Concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, donde mencionaron que esta obra los perjudicará en su movilización hacia la carretera principal.

Esta es la segunda vez que alzan su voz en rechazo por los incumplimientos de las mesas de negociaciones que se llevaron a cabo el pasado mes de noviembre, donde habían anunciado algunas medidas, que no se han puesto en marcha.

Es así como los nortesantandereanos de estas poblaciones están protestando en el punto donde se está construyendo el peaje, impidiendo el paso vehicular y así llamando la atención del Gobierno para que les cumpla.

Ante esta protesta, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Fernando Camargo Triana, arribó al sector de Los Adioses para escuchar a la comunidad y llegar a un acuerdo para levantar el bloqueo que hasta el momento mantiene paralizada la movilidad en esta zona del país.

Se espera que en el transcurso de la tarde de este martes, las autoridades logren concretar una decisión oportuna que permita restablecer el flujo de vehículos entre Cúcuta y Bucaramanga.

Promesas incumplidas

Tras las manifestaciones del año pasado se había instalado una mesa de diálogo con los afectados en la que participaron diferentes funcionarios como el gobernador Silvano Serrano, el presidente de la ANI, varios diputados del departamento, voceros de la Concesión, el director territorial del Instituto Nacional de Vías (Invías), Leonel Valero, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, donde en ese momento se contempló una solución a esta problemática.

“Para que haya desarrollo y haya con qué hacer obras necesitamos peajes, eso es muy importante, sin peajes no se puede hacer desarrollo en este país. Nosotros tenemos varios esquemas para esto, una posibilidad es que se reubique el peaje y dos sería establecer tarifas”, mencionó Reyes.

Sin embargo, lo cierto es que luego de que el ministro recorriera varios kilómetros desde la capital nortesantandereana hasta la Ciudad Mitrada y analizara el gran avance de la obra, fue enfático al señalar que sí es necesario la instalación de este peaje ante la magnitud de la vía.

“Los costos se definen en su momento, esto es algo que se está evaluando con la ANI, y en lo que tiene que ver con beneficios para las comunidades aledañas, se aplicarán las tarifas diferenciales, y esto lo conocerán las comunidades previamente; pero el peaje no se va a quitar, el peaje es fundamental, es parte de lo que significa hacer la obra”, aseveró Guillermo Reyes.

Ante esta decisión, la comunidad presente dio a conocer que recogerán firmas con el fin de derrochar la instalación de este peaje, pues aseguraron que de ahora en adelante este cobro traerá grandes problemas para la región.

“Puede haber 100.000 firmas, pero la obra necesita peaje, sin peaje no hay obra, repito van a tener tarifas diferenciales, pero la obra se financia, se opera y se mantiene con el peaje”, finalizó el jefe de la cartera de Transporte al recalcar que muy posiblemente esta doble calzada esté finalizada antes de diciembre.

Las afectaciones son serias para el turismo y las personas que habitualmente deben hacer desplazamientos entre municipios por cuestiones de estudio, trabajo o para comercializar sus productos, ya que verán mermadas sus ganancias o el capital disponible para sus gastos por los peajes.